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Durante el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció penalmente a 46 trabajadores y ante el Órgano Interno de Control (OIC) a otros 370 por diversos actos relacionados con corrupción y faltas administrativas.
Por primera vez desde que se tiene registro de las denuncias, el organismo interpuso una acusación ante el Ministerio Público (MP) contra un funcionario por hostigamiento sexual.
La denuncia procedió de acuerdo con el artículo 259 bis del Código Penal Federal, el cual establece que se impondrá una sanción de hasta 40 días de multa al que con fines lascivos asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo.
El artículo sanciona al que utiliza su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación para acosar sexualmente.
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No se dieron más detalles sobre si el acusado es hombre o mujer, únicamente se indica que laboraba en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada en la región Pacífico Norte.
Por actuar contra la administración de justicia se interpusieron 11 denuncias más, otras cuatro por ejercicio ilícito, tres por uso indebido de atribuciones y facultades, y dos por falsificación de marcas protegidas.
Siguen prevaleciendo, aunque en menor medida, delitos como cohecho, con una denuncia, al igual que el contrabando, ejercicio indebido, fraude y tráfico de influencias, así como el robo y la falsificación de documentos, con una denuncia en cada caso.
Depuración burócrata
En el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT interpuso 71 denuncias ante el Ministerio Público y 707 en el OIC.
Mientras que en el primer año del sexenio de Felipe Calderón acusaron a 366 empleados del SAT de manera penal y 304 ante el OIC.
En ambos casos fue mayor el número de denuncias en comparación con las reportadas al arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió combatir la corrupción.
De los ilícitos que motivaron las denuncias durante 2019, el mayor número lo concentra la Administración General de Aduanas (AGA), por contrabando, falsificación y fraude, entre otros.
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También destacan las acusaciones que se generaron en la Administración General de Auditoria Fiscal Federal en las oficinas del SAT de la región metropolitana.
Para el caso de las denuncias por diversas responsabilidades administrativas que recibe el OIC, éstas ahora se dirimen en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Con este organismo, creado en 2015, se estableció una nueva regulación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores, fiscalización y control de recursos públicos.
Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que forma parte del Comité Coordinador del SNA, se le otorgó la responsabilidad de determinar las sanciones a funcionarios y particulares que participen en faltas administrativas graves.
