De continuar la política energética del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el siguiente sexenio, se tendrá que enfrentar un costo fiscal de 2 billones de pesos calculó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La política energética de la actual administración ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y por las aportaciones patrimoniales a Pemex.
“Se prevé que el gobierno entrante dé continuidad a esta política energética, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social”, señaló el Centro en un informe.
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Los cálculos del CIEP dicen que de continuar apoyando financieramente a Pemex y CFE, mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución, así como mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales, tendría un costo de 2 billones 195 mil mdp durante el próximo sexenio, lo que implicaría un costo de 1.0% del PIB anual.
Este monto se dividiría en: 1 billón 371 mil mdp por aportaciones patrimoniales y una reducción del DUC para Pemex; 245 mil 680 mdp para que CFE mantenga su participación del 54% en la generación de electricidad; 57 mil 665 mdp para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución; y 517 mdp por subsidios a las tarifas eléctricas.
En el documento ‘Política Energética. Retos fiscales 2024-2030’, el CIEP refiere que, dado que para el próximo año se estima una reducción del gasto público del 3.0% del PIB, las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.
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Es importante recordar que el gobierno actual ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética, comentó.
En 2021, el 27.4% de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuyó a 21.9% en 2023. Lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso del 35% que tiene previsto este año, advierte.
La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para las finanzas públicas. Seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras, sentencia el CIEP.
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