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Ante el cambio de administración, la Procuraduría General de la República (PGR) propondrá modificaciones a la ley antilavado vigente en el país, con el objetivo de atender las recomendaciones planteadas a México por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y para reforzar el trabajo para atacar ese delito.
El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo ante especialistas de prevención de blanqueo de capitales que entre los puntos que GAFI señaló como debilidad figura la imposibilidad de las autoridades mexicanas en materia de aseguramiento de bienes financieros y determinación de beneficiarios finales, lo cual complica las investigaciones en temas de lavado de dinero.
“Si queremos tener robusta la parte de extinción de dominio, tenemos que tener claridad sobre el trabajo que va a tener la Secretaría de Hacienda a través del SAE”, dijo en un seminario de prevención de lavado de dinero organizado por Thompson Reuters.
Elías Beltrán estimó que la nueva administración dará continuidad a los esfuerzos que ha realizado el gobierno en temas de prevención, ante lo cual son necesarias modificaciones legales para atender en mejor forma las recomendaciones de GAFI.
“Esto tiene muchos años. Han venido cambios de administración con diversa ideología política. Si bien es cierto, las recomendaciones de GAFI no son vinculantes, el impacto de estar en una lista por no cumplir, la afectación económica a particulares y al gobierno deben ser desastrosas. No dudaría en que continúen”, dijo.
Por su parte, Raúl Díaz, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, dijo que ante las limitantes de la legislación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero, el organismo ha sido precavido y cuidadoso en la vigilancia de actividades vulnerables.
“La identificación del beneficiario final es limitada debido, en gran medida, a las debilidades del marco jurídico. Se deposita una confianza indebida en la autodeclaración de los clientes”, dijo.
Además, mencionó que resulta positivo para la prevención del lavado de dinero que se busquen modificaciones legales que puedan aplicarse en cuanto tome posesión el nuevo gobierno.
El representante del SAT recordó que entre los principales hallazgos de la evaluación realizada por GAFI y dada a conocer en enero pasado, destaca que México enfrenta un riesgo significativo de lavado de activos proveniente de actividades asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.
“El grupo evaluador de GAFI estableció en su informe, que se publicó en enero de este año, que los recursos son limitados, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones. Y no lo digo yo, son los resultados de la evaluación”, señaló.