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Al sector empresarial sorprendió y molestó la decisión del Ejecutivo federal de enviar una iniciativa para acabar con la subcontratación, porque tenían el compromiso de hacer una consulta gobierno, Legislativo y sector privado antes de elaborar el proyecto, por el riesgo de que los cambios afecten al empleo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguraron que de aprobarse la iniciativa se agravará la frágil situación económica del país por el escaso crecimiento y los efectos de la pandemia del Covid-19.
La Coparmex afirmó que con esta iniciativa el gobierno desacata el convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo que promueve el tripartismo y el diálogo social, para asegurar incluir a las distintas voces en el proceso.
“La administración federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, expuso la Coparmex.
Además, advirtió que tendrá efectos fiscales adversos y resulta desproporcionado porque prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, “catalogando tales actos como defraudación fiscal”.
El CCE afirmó que en 2019, junto con fuerzas políticas del Senado, se alcanzó el consenso de trabajar en una regulación que evite el abuso, pero que conserve fuentes de trabajo.
“Establecimos un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa. Este acuerdo se rompió”, dijo el CCE que preside Carlos Salazar.
Pidió a diputados federales “establecer un nuevo proceso de parlamento abierto en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa”.
