Una vez que se presentó el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), es importante que se vigile que no se presenten violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, advierten expertos en la materia.
Consultados por EL UNIVERSAL, señalaron que a una semana de presentarse el plan por parte del gobierno y el sector empresarial, se percibe el riesgo de que en algún momento se cruce la línea delgada entre lo legal e ilegal.
La socia de SAI Derecho & Economía y especialista en competencia económica, Lucía Ojeda Cárdenas, explicó que con lo visto hasta este momento parece que participar en el plan corresponderá a decisiones unilaterales de las empresas, al ser pláticas que se están llevando de manera individual con el gobierno.
El problema es que no queda claro si el esfuerzo se hará como colaboración entre competidores o directamente entre las autoridades y las compañías, agregó.
“Ese detalle no lo tenemos”, reconoció Ojeda Cárdenas.
No hay mucha información por ahora como para concluir de manera certera que hay violación a la ley, y por ello hay que seguir vigilando para ver cómo se instrumenta el paquete, destacó.
El pasado miércoles 4 de mayo el gobierno presentó el Pacic, que considera una lista de 24 productos de una canasta básica familiar, como pollo entero, limón, jitomate saladette, tortillas de autoservicio, azúcar, pan de caja blanco grande, jabón de tocador y papel de baño. La intención es lograr que esa canasta no sobrepase un desembolso promedio de mil 124 pesos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce México (ICC México) y quien fuera comisionado de competencia de 2006 a 2013, Miguel Flores Bernés, dijo que lo anunciado con el Pacic parecen ser acciones del gobierno para incidir en la inflación, mientras las empresas parecen tomar decisiones unilaterales de transferir los aumentos lo menos posible.
El problema está en que en esas mesas de negociación estén competidores que producen un alimento y no pueden discutir precios ni información sensible.
Si siguen las reuniones sin protocolo de competencia, crece el riesgo de que en algún momento se viole la legislación que está vigente en la materia.
Ambos expertos coincidieron en que si el gobierno quiere topar los precios, se requiere que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) realice una investigación y emita una declaratoria de falta de competencia en el mercado, para que entonces se puedan fijar legalmente los precios máximos de los productos, como ya se hace con el gas licuado de petróleo (LP).
Cabe mencionar que la Ley Federal de Competencia Económica establece sanciones para las prácticas monopólicas absolutas, que consisten en “fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados”.
Esas y otras situaciones se pueden castigar hasta 10 años después de haber sido cometidas, periodo en que la Cofece puede iniciar investigaciones cuando lo crea conveniente.
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