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América Latina vive una crisis de corrupción que no se resolverá sólo con leyes, más regulaciones o comisiones de ética. De acuerdo con un reporte difundido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se requiere mayor participación ciudadana y romper con la influencia autoritaria de las reducidas élites en la toma de decisiones económicas y políticas.
El Informe del Grupo Asesor de Expertos en Anticorrupción, Transparencia e Integridad para América Latina y el Caribe, encargado por el BID, urge a eliminar la cultura de la impunidad de los poderosos para que la región pueda reconstruir la confianza, revitalizar el crecimiento y la innovación, y sacar de la pobreza a la población más vulnerable.
Ello para evitar la parálisis en las inversiones a futuro ante escándalos de corrupción, establecer un periodo de transición para reexaminar, renegociar o cancelar proyectos.
En el grupo participó Armando Lara Yaffar, quien se desempeñó como director general de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda, y hoy es socio de impuestos en la firma Chevez Ruiz Zamarripa.
Se pondera que los datos son claros: la corrupción no retrocede en América Latina. De hecho, sus modos son cada vez más complejos.
Los sistemas de gobernanza de la región no están preparados para hacer frente a estos desafíos, pues la puntuación media de AL está por debajo de la media mundial.
Señala que Latinoamérica tiene una calificación particularmente mala en la aplicación del Estado de derecho, y en materia de seguridad personal y delincuencia común.
Ante ese panorama, se hace un llamado para que los líderes y actores nacionales sean audaces en la promoción y aplicación de reformas de gobierno sistémicas y concretas.
Agenda compleja. El informe alerta que se requerirá voluntad política, determinación y perseverancia para afrontar una agenda ardua para los países de la región, así como para sus instituciones públicas y privadas.
Menciona que aunque algunos países de la región han iniciado algunas reformas anticorrupción, han sido desiguales y parciales.
Desafíos. La caída de los precios de las materias primas, los menores espacios de participación ciudadana y el resurgimiento de valores populistas y antidemocráticos también crean nuevos desafíos para los defensores de una gobernanza abierta.
