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Para mantener la competitividad y evitar riesgos en la paz laboral del país, el Senado debe incluir, en las conclusiones del Parlamento Abierto que organizó, adecuaciones a la Ley Federal de Trabajo en materia sindical y de contratos colectivos, entre otros derechos de los trabajadores, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, explicó que en el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el pasado 2 de mayo no se incluyeron “puntos sensibles” en la materia y que afectarán en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas.
Consideró que es “tiempo de rectificar. No corramos el riesgo de transitar a un marco regulatorio que podría trastocar la paz laboral, afectar la competitividad, y volver tortuoso, lento y perjudicial el sistema de justicia laboral”.
Entre los aspectos que la Coparmex considera reconsiderar está que los patrones tengan que demostrar que no fue despedido injustificadamente un trabajador.
Explicó que esta solicitud es porque deja “en estado de indefensión a patrones al tener que probar hechos que no existieron, provocando que la mayoría de juicios individuales sean de alto riesgo”.
A los trabajadores se les debe dar el derecho de pertenecer o no a un sindicato, porque ahora con las cláusulas de inclusión y exclusión se les sujeta a pertenecer a uno.
El líder patronal consideró que debe eliminarse el “voto directo”, porque no es está en la Constitución y es contraria a los convenios de organismos internacionales.
En los contratos colectivos se tiene que permitir que las revisiones se hagan conforme estatutos de cada sindicato. Además de que no debe haber multiplicidad de contratos colectivos de trabajo.
De Hoyos afirmó que la prórroga del periodo de prehuelga debe ser decisión de patrón y sindicatos, no tema unilateral de trabajadores.
“Incluir la posibilidad de terminar una huelga por un acuerdo entre patrón y la mayoría de los trabajadores”, así como reducir de 60 a 15 días el plazo para determinar la legalidad de una huelga”.
Por otra parte, debe haber sanciones a quienes realicen paros, bloqueos o cierres de acceso o cualquier otra práctica ilegal fuera de un procedimiento de huelga.
Los cambios anteriores “se enfocan a evitar que los procesos administrativos y jurisdiccionales generen alto impacto a los trabajadores, vulneren los convenios internacionales y afecten la buena marcha de las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas, que representan más de 90% del mercado laboral mexicano”.
