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Los ejecutivos de finanzas del país pidieron a legisladores tomar en cuenta siete aspectos para revisar la iniciativa de reforma en materia de subcontratación , para que se haga un trabajo imparcial, integral y objetivo.
Implementar medidas de manera aislada, advirtieron que se podrían generar resultados contraproducentes e insuficientes en momentos donde la economía necesita un impulso que genere bienestar para la población en un entorno severo por la pandemia .
“Debe atenderse desde una perspectiva amplia e integral de fomento al bienestar, y en estrecha colaboración con todos los sectores afectados”, consideró.
Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) se debe fomentar la inversión para la generación de empleos con un enfoque incluyente y crecimiento con responsabilidad social.
En ese sentido, afirmó que el IMEF apoya el cumplimiento de obligaciones fiscales y patronales, así como la gestión empresarial responsable.
Pero la presentación de una iniciativa como la que se dio a conocer el pasado 12 de noviembre, sin integrar la perspectiva de las empresas, no contribuye al fortalecimiento de la confianza y a la creación de condiciones propicias para la inversión, advirtió.
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De ahí que pidió al Congreso de la Unión considerar los siguientes aspectos para revisar la reforma:
1.- Solamente una fracción de la población económicamente activa labora para empresas o establecimientos formales. El impulso a un esquema robusto de bienestar debe necesariamente contemplar la reducción de la informalidad, ampliando el acceso de todos los trabajadores hacia un modelo efectivo de seguridad social. El endurecimiento de los mecanismos de contratación sin la debida concertación con el sector empresarial podría generar un mayor nivel de informalidad.
2) El combate al uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación no debe darse a costa de esquemas de subcontratación basados en buenas prácticas internacionales que acatan las leyes, respetan las obligaciones sociales y fiscales por parte de las empresas proveedoras, fomentan la inversión y el empleo. Debe aplicarse y en su caso fortalecerse el marco jurídico correspondiente sin ocasionar la cancelación de fuentes de empleo.
La iniciativa o los dispositivos legales posteriores deben precisar el término “especialización” y sus alcances ya que al prohibir la subcontratación también establece que no se considerará como tal la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas.
4) El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que es necesario contar con un periodo de transición para la migración de puestos de trabajo al nuevo esquema.
5) Evaluar el impacto de la Iniciativa en materia de competitividad y el atractivo de México como destino de la inversión y en el marco de los acuerdos internacionales aplicables.
6) Revisar la aplicación de la PTU ligada a esquemas de productividad, lo que podría impulsar diversos beneficios para nuestra economía.
7) Cuantificar el costo fiscal y evaluar el riesgo operativo en los tres órdenes de gobierno ante la probable cancelación de puestos de trabajo basados en la subcontratación.
vcr/hm
