La reubicación de las secretarías de Estado y de las entidades más relevantes del gobierno federal debe ser producto de un análisis técnico riguroso, con amplio escrutinio público, sin posiciones irreductibles o dogmáticas e integrando todos los elementos técnicos a fin de tomar la mejor decisión que convenga al país, dijo la .

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ), Gustavo de Hoyos , afirmó que el objetivo debe ser evaluar “si el impacto positivo esperado de esta medida de cambio de adscripción, supera los enormes y evidentes costos”.

Existen una serie de inconvenientes, como los tiempos y costos, la selección de inmuebles y la justificación, la posibilidad de que se pierda capital humano, entre muchos otros aspectos a evaluar.

Si se toma en cuenta lo que pasó con la mudanza del INEGI “pareciera improbable que en un periodo sexenal, logren mudar las 31 Secretarías y dependencias federales que se han mencionado en la iniciativa”.

Agregó que si el proceso se hace con el debido análisis, la planeación del proceso, la preparación de los espacios adecuados y el traslado del personal de base, “podría tardar más de seis años”.

Para De Hoyos “deberá de abrirse un amplio debate técnico, a la vista de la sociedad, y de ser el caso, se rectifique en la propuesta, si determina que el proyecto no aporta al País los beneficios esperados, o bien, si se concluye que es inoportuna su implementación, en el contexto de limitación financiera por el que atraviesa el gobierno federal ”.

vcr

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