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Las principales empresas petroleras de Estados Unidos agrupadas en el American Petroleum Institute (API, por sus siglas en inglés), solicitaron la intervención del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para encontrar una solución diplomática a las prácticas discriminatorias que enfrentan en México.
A través de una llamada telefónica entre Pompeo y el presidente y CEO de la API, Mike Sommers, realizada este jueves 5 de noviembre, los empresarios de la industria petrolera estadounidense pidieron al tercer hombre más importante del gabinete estadounidense, “un compromiso diplomático directo sobre estos temas” con el gobierno mexicano, a lo cual el funcionario acordó convertirlo en “una prioridad del Departamento de Estado”.
El contenido de la llamada, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, fue compartido con el Subcomité de Estrategia Comercial Internacional y Corporativa de la API y en él se plantearon varios temas de importancia que afectan a la industria petrolera estadounidense ante las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de organismos reguladores del sector.
Se abordó el retraso y cancelación de permisos para nuevas estaciones de servicio, para importación de gasolinas y diesel, para almacenamiento de petrolíferos, para la construcción de infraestructura de gas natural licuado (GNL) y hasta por el cierre de gasolinerías por infracciones menores.
A finales del mes pasado, un grupo de 43 congresistas estadounidenses dirigió una carta al presidente Donald Trump, en la cual le expresan su preocupación por los cambios regulatorios en el sector energético mexicano, argumentando que obstruyen las inversiones de empresas del vecino país.
En el documento, legisladores de ambos partidos explicaron que las decisiones que tomó la autoridad mexicana “violan y van en contra del espíritu” del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de que les preocupa que se revierta la “histórica” reforma energética de 2014, que permitió la participación privada en el sector energético.
Las cartas se suman a otras más que enviaron cámaras de comercio, embajadores y legisladores contra los cambios aplicados en el sector energético, como la publicación de una política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que frenó las pruebas de plantas de energía renovable.
Denuncian afectaciones
Sommers volvió a plantear las prácticas discriminatorias de México hacia las empresas de energía de Estados Unidos con la finalidad de favorecer a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que daña las exportaciones de hidrocarburos actuales y futuras de ese país hacia el mercado mexicano, tras una primera misiva que circuló el 11 de junio en la cual la agrupación de empresas petroleras ya habían externado su preocupación a Pompeo y a los secretarios de Comercio, Wilbur Ross, y de Energía, Dan Brouillette.
Hizo referencia a prácticas que considera discriminatorias y que involucran tanto a empresas integrantes de la API, así como a otras petroleras extranjeras que operan en México ante la dificultad para obtener permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para nuevas estaciones de servicio, de cesión de modificaciones o de permisos de expendio al público de petrolíferos.
De acuerdo con fuentes del sector energético, a septiembre de este año cerca de 300 permisos para nuevas estaciones de servicio están a la espera de aprobación y 150 más son solicitudes para cesión de modificaciones o de permisos.
La estrategia se basa en fortalecer la presencia de Pemex en el mercado de comercialización de petrolíferos, incluidas gasolinas y diesel, toda vez que con la apertura del sector promovida por la reforma energética, de 11 mil 578 estaciones de servicio que conformaban la Franquicia Pemex en 2016, a septiembre de este año hay 7 mil 772, por la mayor penetración de negocios privados nacionales y extranjeros con marcas como ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Repsol, Gulf, Valero, Tesoro, Total o Phillips 66, entre otras.
Incluso, citaron que anteriormente cuando un empresario gasolinero decidía dejar la Franquicia Pemex, sólo se requería una carta de mutuo acuerdo para dar por terminada la relación, con una anticipación de 30 días a la fecha de dejar la marca, sin objeción de Pemex.
Ahora, Pemex exige el alta de producto y de molécula que autorizó la CRE como medida de presión, o para endurecer los requisitos para evitar dar por terminada la relación comercial, explican los grupos empresariales consultados.
Verificación excesiva
Otra de las observaciones comentada en la llamada telefónica de la API con Pompeo tiene que ver con el cierre de dispensarios y estaciones de servicio por infracciones leves o inexistentes por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Al respecto, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, ha externado que endurecerá las medidas de verificación en gasolinerías para evitar irregularidades, como la entrada en vigor el pasado 8 de octubre de la NOM-005-SCFI-2017 Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, la cual exige la actualización o, en su caso, sustitución de las llamadas bombas o despachadoras de combustible en las gasolinerías del país.
La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) explicó que costará a los empresarios del sector alrededor de 300 millones de dólares realizar el cambio, toda vez que la sustitución de un dispensador tiene un precio de entre 6 mil 400 y 8 mil 500 dólares.
Problemas en almacenamiento
Sommers notificó a Pompeo que otra dificultad que enfrentan las empresas petroleras de EU en México es el requisito de la “obligación” de contar con stock mínimo de almacenamiento de combustible de cinco días, “ya que Pemex posee y opera la mayor parte de la capacidad de almacenamiento certificada y los permisos para la construcción de nuevo almacenamiento por parte de privados se está viendo obstaculizada por demoras en su otorgamiento”.
También se refirió a la cancelación o retraso de los permisos de importación de gasolinas y diésel que empresas e inversionistas estadounidenses han solicitado a las autoridades correspondientes.
Denunció que “estos rechazos o retrasos provienen de la Secretaría de Energía (Sener)”, que encabeza Rocío Nahle.
El pasado 3 de octubre, EL UNIVERSAL publicó que la Sener revisará los permisos de importación otorgados desde el 1 de enero de 2016 y cancelará los que no hayan movido petrolíferos en los últimos 22 meses.
Además, planea atar nuevos permisos a compromisos por 20 años y no por uno solo, como se hacía antes, y que los solicitantes demuestren que son dueños de parte de la infraestructura de centros de almacenamiento con base en volumen. Es decir, obliga a los futuros importadores a desembolsar o a asociarse con inversionistas que planean construir sistemas de almacenamiento de petrolíferos.
De acuerdo con la Dirección General de Petrolíferos de la Sener, al 31 de marzo de este año la dependencia entregó 4 mil 45 permisos de importación y exportación. De ese total, 216 son de importación y se encuentran vigentes: 103 son de gasolina, 68 de diesel, 16 de turbosina y gasavión, 24, de gas licuado de petróleo (LP) y cinco de crudo.
De acuerdo con fuentes del sector, la decisión está encaminada a devolverle a Pemex la preponderancia en las compras externas de combustibles automotores, pues con la apertura a las importaciones, la iniciativa privada controla 20% y 36% de las compras de gasolina y diésel, respectivamente.
En la llamada, Mike Sommers aludió a retrasos o cese de la construcción de nuevas instalaciones como terminales de GNL o almacenamiento de productos refinados por parte de diversas agencias y organismos reguladores mexicanos.
