La tasa de empresas víctimas de corrupción no disminuyó de manera significativa durante el año pasado, a pesar de la pandemia, el repunte de los trámites vía internet y la política emprendida por el gobierno federal para combatir este problema.
A escala nacional, 510 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites en 2020 experimentaron al menos un acto de corrupción, cifra casi similar a los 561 casos reportados en 2016, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este comportamiento se presentó pese a la contracción económica generada por la crisis sanitaria y el repunte del gobierno electrónico; 46.4% de las empresas en México tuvo alguna interacción con la autoridad a través de internet, cifra 22.1% superior a la reportada cinco años antes.
Los costos para las unidades económicas derivados de incurrir en actos de corrupción se estiman en 887 millones de pesos durante 2020.
El desembolso promedio de este problema fue de 7 mil 419 pesos por unidad económica el año pasado, casi la mitad de los 14 mil 535 pesos reportados en 2016.
Las principales experiencias con al menos un acto de corrupción por tipo de trámite por parte de las unidades económicas durante el año pasado fueron contacto con autoridades de seguridad pública, inicio o seguimiento de averiguación previa ante el Ministerio Público, trámites de apertura, así como juicios laborales o mercantiles.
El porcentaje de unidades económicas que consideró que los actos de corrupción son frecuentes entre los servidores públicos pasó de 82.2% en 2016 a 71.5% en 2020. El 72.6% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites.
Marco regulatorio
Se estima que 28.2% del total de las unidades económicas consideraron que, durante el año pasado, el marco regulatorio representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios, tasa que supera la de 20.2% reportada en 2016.
El 60.8% de las empresas encuestadas pudo identificar costos monetarios al realizar acciones relacionadas con las regulaciones a las cuales estuvieron sujetas, cuyo monto se estima en 238.9 mil millones de pesos, es decir, 1% del PIB nacional.
Las empresas pequeñas, así como las del sector industrial, reconocieron que realizar trámites, atender normas, licencias, permisos o inspecciones gubernamentales significó un obstáculo en mayor proporción durante el año anterior.
Por su parte, 45.7% de las unidades económicas consideró que, a lo largo de 2020, las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores, o bien, siguieron igual de pesadas con relación a las de 2019. Las empresas grandes y las del sector servicios coincidieron, en mayor medida, en que las cargas administrativas empeoraron o siguieron igual de pesadas durante el año pasado.
