En la lista de empresas que “regularizaron” su situación con el fisco, nos dicen que llama la atención que se sumó BBVA México, de Eduardo Osuna, por ser el primer banco que acepta que no estaba pagando impuestos como debería ser. Nos dicen que la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Antonio Martínez Dagnino, pescó al gigante financiero español, lo que pondría a temblar a otras instituciones financieras multinacionales que operan en México y que se destacan por tener la mayor parte del sector bancario. Nos dicen que ya están haciendo cuentas para evitar que se dañe su imagen institucional, que ha costado mucho tiempo y dinero restaurar a causa del tema de las comisiones que cobran.
Tan rápido como oportuno, la Comisión de Hacienda del Senado, que preside el morenista Alejandro Armenta, organizó el Encuentro con los Sectores Productivos del País. Nos dicen que hoy lo inaugurará, acompañado por el senador Ricardo Monreal (Morena), el Procurador Fiscal, Carlos Romero. Después participarán de manera virtual los representantes del sector privado. El primero será el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar seguido de los dirigentes de la Concamin, Francisco Cervantes, y de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. A lo largo del día van a intervenir los líderes de organismos empresariales bancarios, de turismo, y de industrias como la textil, del calzado y del vestido, distribuidores de autos, de comercio internacional, de internet y hasta las Afore.
Nos cuentan que a pesar de que han sido anunciadas con bombo y platillo las nuevas medidas de apoyo que se aplicarán por parte de los bancos y las autoridades financieras en México para miles de clientes que ya no puedan pagar sus créditos bancarios, al cierre de la primera quincena de septiembre no hay claridad sobre la manera en que se aplicarán las restructuras. Al parecer, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Juan Pablo Graf, y la Asociación de Bancos de México (ABM), de Luis Niño de Rivera, siguen en negociaciones sobre las facilidades regulatorias que dará la autoridad, mientras urge el apoyo para evitar un impacto mayor en el bolsillo de miles de familias, quienes ya no tienen recursos para pagar sus créditos y temen que se interpongan demandas y cobros de garantías sobre sus propiedades.