Si bien México registró avances en la digitalización de servicios financieros en años recientes, el uso de efectivo y el limitado acceso a productos bancarios reflejan desafíos en inclusión financiera, donde 50% de los adultos no cuenta con una cuenta de ahorro formal y sólo 11% tienen acceso a una tarjeta de crédito, afectando principalmente a mujeres y comunidades rurales.
En el estudio “Hacia una política pública para la inclusión financiera Oportunidades y retos para México”, elaborado por la Asociación Civil SXXII Derecho y Tecnología, en conjunto con Nu México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Embajada de Brasil en México, se destacó que la concentración del sector bancario y la lenta adopción de tecnologías digitales son obstáculos estructurales que limitan la inclusión financiera.
Según el documento, un marco regulatorio equilibrado puede ser clave para fomentar un sistema financiero más equitativo e inclusivo, a través de medidas como la implementación de sistemas de pagos instantáneos que permitan transferencias digitales ágiles, el uso de métodos de identificación biométrica para facilitar la apertura de cuentas a distancia y la flexibilización de normas que promuevan la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos en la gestión de productos financieros.
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El análisis subrayó el caso de Brasil, donde 77% de la población utiliza la plataforma de pagos inmediatos Pix, gracias a un esquema regulatorio que ha impulsado la digitalización y la competencia en el sector financiero.
Por otro lado, en México, la ley fintech ha tenido un impacto limitado, mientras que el 65% de los activos del sector bancario sigue concentrado en instituciones tradicionales. A pesar de ello, las empresas de finanzas digitales han demostrado su potencial para reducir las brechas de inclusión. En la emisión de nuevas tarjetas de crédito, 19% de los usuarios de fintech eran no bancarizados y 48% sub-bancarizados, según el estudio, lo que evidencia su capacidad para atender a sectores históricamente excluidos.
Los especialistas sugirieron que México necesita impulsar una política nacional de inclusión financiera que refleje las necesidades de su población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Este esfuerzo, indicaron, debe involucrar la participación de autoridades, instituciones financieras tradicionales y digitales, academia y sociedad civil, con el objetivo de alcanzar niveles de inclusión superiores al 85% en el corto plazo.
“Un marco regulatorio equilibrado puede ser clave para fomentar la inclusión financiera, como lo demuestra el caso de Brasil con la plataforma Pix”, señalaron los autores del estudio.
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