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Herencia de administraciones pasadas, el gasto público en pensiones continuará su tendencia creciente en los próximos años, constituyéndose en un lastre para las finanzas públicas durante el sexenio de López Obrador.
El desembolso para cumplir con esta obligación financiera pasará de 792 mil millones de pesos que significaba en 2018, a un billón 464 mil millones de pesos en 2024, lo que significará un incremento nominal de 85%, de acuerdo con proyecciones incluidas en el Paquete Económico 2020.
Luego de las asignaciones para estados y municipios, el gasto de pensiones y jubilaciones es el segundo más elevado de las erogaciones ineludibles que tiene el gobierno dentro de su presupuesto.
“Debido a la dinámica demográfica, la parte más ancha de la pirámide poblacional hoy comienza a jubilarse, este incremento de las pensiones va a ser una presión creciente para las finanzas públicas, cada vez más estas erogaciones van a tener una participación en el presupuesto y eso va a limitar otro tipo de gastos.
“El monto prácticamente se va a duplicar en los próximos seis años y habrá que ver qué tanto va a crecer el ingreso y por tanto el presupuesto para sostener este gasto”, comentó Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
Las erogaciones por jubilaciones y pensiones esperadas al cierre del presente sexenio representan por sí mismas poco más de una tercera parte (36%) del gasto total programable previsto para 2020.
Con esos recursos se pueden construir 10 refinerías como la prevista en Dos Bocas, o 21 veces la primera etapa del tren interurbano México-Toluca.
En la exposición de motivos del gasto, se explica que con base en expectativas derivadas de estudios actuariales y la tendencia observada en los últimos años, el desembolso en jubilaciones crecerá de 3.6% del PIB en 2019 a 4.4% en 2024 y subirá a 4.5% para 2025.
El valor promedio del gasto en pensiones esperado durante el gobierno de López Obrador será de 3.9% del PIB, 0.8 puntos porcentuales mayor que el registrado de 3.1% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y más elevado incluso a los reportados en las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox, en los que se promediaron tasas de 2.4% y 1.7% equivalentes del PIB, respectivamente.
Expansión burócrata. El crecimiento del gasto público en pensiones es resultado en parte de la expansión que reportó la nómina gubernamental durante los últimos sexenios.
En las últimas tres administraciones públicas, el número de jubilados y familias de pensionistas en el ISSSTE pasó de 718 mil en 2000 a 2 millones 317 mil en 2018, es decir, que en 18 años se triplicó, con un crecimiento de 223%, de acuerdo con datos del instituto.
Mientras que al inicio de la centuria, el número de jubilados y familias de pensionistas ante el ISSSTE representaban 30% de trabajadores adscritos a dicho instituto, al cierre del año pasado representaban 80%.
De continuar esta tendencia, no resulta difícil que al cierre de la actual administración la proporción llegue a ser de uno a uno.
“El esquema original de tener trabajadores activos que generen un recurso, un ahorro que permitiera financiar las pensiones de
los que se iban jubilando se rompió, lo que fue generando un creciente faltante.
“Hay una mayor cantidad de pasivos laborales en muchas instituciones, como las empresas productivas del Estado, pero sobre todo en las universidades estatales, en las que los pasivos están superando a los activos con que están operando”, advirtió Aníbal Gutiérrez.
Este fenómeno está generando una crisis pensionaria importante, no sólo en el sector público, sino también en el esquema del sector privado, lo que tarde o temprano va a requerir un apoyo cuya carga
va a tener que ir hacia las finanzas públicas, concluyó el académico de la UNAM.
