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La pensión que entrega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los adultos mayores de 68 años en el país, combinada con el proceso de envejecimiento demográfico, se convertirá en una fuerte carga fiscal al cierre de su sexenio, con un costo superior a 193 mil millones de pesos.
La cifra equivale a financiar el presupuesto conjunto que tienen destinados la Secretaría de Bienestar (150 mil 606 millones de pesos) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (43 mil 269 millones) para este año.
La cifra es 57% superior a los más de 123 mil millones de pesos que costará este año el programa de ayuda, que tiene como potencial beneficiar a más de 8 millones de personas que están en el segmento.
Solamente para 2019, el gobierno destinó una partida presupuestaria de 100 mil millones de pesos para el programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, considerado como uno de los principales bastiones sociales de esta administración.
En el caso de que los apoyos se mantuvieran después de la gestión de López Obrador, el gobierno en turno tendría que entregar apoyos a un estimado de 15 millones de adultos mayores, impacto fiscal que ascenderá a 316 mil millones de pesos en 2030, equivalente a 0.77% del PIB.
Los cálculos consultados alcanzan hasta 2050, tiempo en el que se prevé que 31 millones 500 mil personas sean adultos mayores y representen un gasto de 1.2 billones de pesos, equivalente a 1.09% del PIB.
Presión a finanzas. La directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Alejandra Macías, explicó que el programa 68 y Más representa una presión para las finanzas, porque es un desembolso adicional al fuerte gasto que hace el gobierno en pensiones.
“Representa una carga y una presión porque se suma al gasto en pensiones. Cualquier cosa que se aumente tendrá que reducirse en otro lado. Si aumentas el presupuesto para un programa social como 68 y Más, necesitas recortar por otro lado y si no lo haces deberás contratar deuda para seguir pagando pensiones”, dijo.
La especialista puntualizó que el programa es necesario para los adultos mayores en México, pues el actual sistema de pensiones ha llevado a tener a esta población en una situación precaria para enfrentar los gastos que conlleva la vejez.
Aseguró que el pago de pensiones bajo el esquema conocido como “reparto” representa el mayor gasto para el gobierno, por lo que se deben buscar esquemas para reducir esta presión en el presupuesto.
“Se debe contener el gasto de las pensiones más caras, 20% del presupuesto que se va al esquema de reparto se asigna a 3% de los pensionados. Muy poca gente tiene pensiones altas”, dijo.
Para el director del programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, Jorge Sánchez, es loable el objetivo de entregar apoyos a la población de adultos mayores en México y puede financiarse en el corto plazo con los recortes que ha aplicado la administración.
“Desafortunadamente hay muchos adultos que no tienen una pensión o que están abandonados. Si el gobierno destina recursos a esta población, no está mal. En lo que tendría cuidado es que no se vaya a utilizar para un tema electoral, que haya transparencia en los recursos”, dijo.
No obstante, señaló la presión que pueden generar otros programas sociales si el gobierno no aumenta sus ingresos, aunado al elevado costo que representan las pensiones en México, lo cual llevaría a un esquema poco viable que puede aumentar el endeudamiento del país.
“Si a todo mundo se le va a estar subsidiando con este esquema, va a llegar un momento en que no va a alcanzar el dinero y entonces vamos a recurrir a presiones de deuda. El problema no es sólo este programa, sino los recursos que se les va a destinar a lo jóvenes, a las madres solteras.
“Se corre el riesgo de endeudamiento y no sería bueno, porque ya tenemos dos sexenios en el que los pasivos se duplicaron. Se pasó a 22% del PIB a 46%. No hay mucho margen para más compromisos financieros”, comentó Jorge Sánchez.
