El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) clasificó como “confidencial total” un informe de evaluación físico y financiero de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, de acuerdo con una respuesta vía transparencia a EL UNIVERSAL, al considerar que su divulgación puede comprometer los intereses económicos del país.
Más allá de declararse reservada, la información está clasificada y no está sujeta a temporalidad alguna y únicamente podrán tener acceso a ella los titulares de ésta, sus representantes y las personas servidoras públicas que, conforme a los procesos que intervienen, estén facultados para ello, indica el marco legal de transparencia.
El documento en cuestión es el Informe de evolución física y financiera del proyecto integral Nueva Refinería de Dos Bocas, Tabasco, denominado Refinería Olmeca.
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El documento lo presentó la subsidiaria Pemex Transformación Industrial en una sesión ordinaria en febrero pasado y contenía los avances físicos y financieros del proyecto de la refinería que ya está operando, pero se desconocen sus rendimientos y procesos.
“El informe contiene detalles sensibles sobre aspectos técnicos, financieros y de planeación estratégica fundamentales para el éxito del proyecto”, argumentó el área de transparencia de Pemex en su respuesta.
“La divulgación de esta información, sin el contexto adecuado, no sólo podría afectar negativamente a nuestra empresa, sino también comprometer la seguridad y los intereses económicos del Estado mexicano, dado que este es un proyecto de gran relevancia nacional”.
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Sobrecosto
La refinería ha tenido un sobrecosto reconocido por el gobierno federal de más de 100%, tomando en cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que costaría 8 mil millones de dólares, y en el último dato admitido por el gobierno a finales de 2022, el monto había llegado a 16 mil 816 millones de dólares, y este año también se han ejercido recursos en el proyecto.
El gobierno federal ya ha reservado información de otros proyectos, pero sólo ha sido por un plazo máximo de cinco años.
“Lo que realmente puede poner en riesgo a nuestra economía y a Pemex es la falta de información pública confiable sobre el estado financiero que guarda la empresa”, expuso a EL UNIVERSAL Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Mencionó que, sin información abierta y verificable, proporcionada por la propia administración de Pemex, sus socios, inversionistas e incluso los analistas de riesgo financiero, terminarán especulando.
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“Los créditos se vuelven más caros y el riesgo para las inversiones se incrementa. Eso significa que el dinero para financiar la empresa será más caro para Pemex. Incluso, desde una perspectiva estrictamente política, es inaceptable que el pueblo de México no pueda conocer cómo se administra su empresa más importante”, recalcó el especialista.
Para Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en Pemex se están utilizando todos los medios disponibles para opacar datos importantes de la empresa.
“Debe haber mucho que ocultar para que digan que se compromete la economía de la empresa y del país. Oficialmente han informado que cuesta 16 mil 816 millones, pero extraoficialmente se menciona que ya supera 24 mil millones de dólares de inversión”, destacó.
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“En México hay una falta de cultura de la transparencia y además el desarrollo de infraestructura responde más bien a promesas políticas, por eso vemos sobrecostos en los grandes proyectos”, agregó.
César Rivera de Jesús, especialista del sector energético del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expuso que reservar y clasificar es el sello del actual gobierno.
Recordó que al inicio del sexenio se publicó un decreto para declarar las obras de infraestructura como de seguridad nacional.
“Con los ajustes al Poder Judicial y la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), esta situación puede mantenerse o empeorar y también el seguimiento en general del uso de recursos públicos”, alertó.