Petróleos Mexicanos (Pemex) trata por todos los medios evitar, retrasar o reducir los montos, hasta donde sea posible, de pagos a proveedores y contratistas que realizan trabajos de rehabilitación en refinerías.
Los adeudos o pasivos financieros que la petrolera arrastra desde 2017 con proveedores se ha convertido en un losa que, de acuerdo con sus estados financieros, asciende a 180 mil 535 millones de pesos al primer trimestre de 2020.
A través de auditorías internas coordinadas desde la Dirección General de Pemex y notificadas a su Consejo de Administración, se revisan una y hasta tres veces contratos vigentes y concluidos para detectar el mínimo detalle con el que puedan justificar pagos inferiores.
A lo largo de esta administración, de acuerdo con oficios en poder de EL UNIVERSAL, personal de Auditoría Interna de Pemex y residentes de obra se han dado a la tarea de buscar cualquier clase de trabajo que a su juicio “no debieron pagarse o ejecutar, u observaciones pendientes de justificar”.
La búsqueda de las auditorías se sustenta en observaciones que se catalogan como “No procedentes”, es decir, aquellas que unilateralmente los revisores determinan que la Residencia de Obra no debió pagar y que para ellos no tiene justificación, aunque la contratista haya ejecutado los trabajos bajo los requerimientos del contrato legal.
Y las observaciones que se determinan como “Pendientes para justificar” y para las cuales otorgan un plazo al Residente de Obra de cinco días para presentar las evidencias, tiempo muy corto por la información documental que se elabora para estos contratos.
En estas operaciones participan desde el presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Pemex, Juan José Paullada Figueroa; el director Corporativo de Finanzas, Alberto Velázquez García; el director Corporativo de Administración y Servicios, Marcos M. Herrería Alamina, y el titular de la Auditoría Interna, Francisco Javier Vega Rodríguez.
Hasta antes de su salida, también participó el ahora exdirector General de Pemex Transformación Industrial, Miguel Breceda Lapeyre.
Los casos
El 31 de julio de 2019 y mediante el oficio CA/COMAUD/AI /DTI/427/109 que el Comité de Auditoría de Pemex hizo llegar a Miguel Breceda Lapeyre, se refieren a los adeudos de la refinería de Minatitlán con proveedores por 3 mil 541 millones de pesos.
Se indica que “como resultado de la revisión de la Delegación de Auditoría Interna de Pemex TRI a 10 contratos de los que en conjunto se reportaba un adeudo por 2 mil 973 millones de pesos, se determinó un monto no procedente de 530 millones”. El oficio no menciona las empresas involucradas.
En enero de este año y a través del oficio VE-006/2020, se llevaron a cabo otras auditorías por “Adeudos de la Refinería de Madero”, por obras de rehabilitación ejecutadas en 2017 y en operación desde 2018, las cuales también han resultado en la reducción de los pagos a empresas que participaron en labores de mantenimiento.
Empresas constructoras afectadas, entre ellas ICA Flour, denunciaron que las autoridades de Pemex les están impidiendo participar en las auditorías internas, aunque en este caso Pemex TRI y contratistas acordaron desde febrero de 2018 que los trabajos solicitados se realizaron en tiempo y forma.
Los contratos otorgados a ICA Flour en julio de 2017 mediante concursos abiertos denominados Maya, Desfogue y Coque —con número de contrato 5200008552, 5200008361 y 5200008351—, por un monto superior a 900 millones de pesos, fueron rasurados con las auditorías y el monto a pagar se redujo en 27.7 millones.
De acuerdo con el Informe Anual 2019 de Pemex, al cierre del año pasado la petrolera operó con un universo de proveedores que alcanzó a 5 mil 900 empresas.
