Los exportadores mexicanos de jitomate temen que los productores de Florida de Estados Unidos (EU) puedan frenar el “acuerdo de suspensión” que permite exportar ese alimento sin aranceles, porque el producto se encarecerá artificialmente, además de que se ponen en riesgo las cosechas, dijo el director de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Sinaloa de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Mario Robles.
La semana pasada la Florida Tomato Exchange, solicitó al Departamento de Comercio de EU revocar el Acuerdo de Suspensión que existe entre ese país y México, desde 1996, por el cual los exportadores mexicanos evitan el pago de 17.5% de aranceles sobre el tomate, por una investigación que se realizó hace más de 22 años que indicaba que el jitomate mexicano se vendía por debajo del precio real.
El problema es que si desaparece el llamado Acuerdo de Suspensión que debe renovarse de aquí hasta principios de abril de 2019, se iniciaría con el cobro de aranceles que preliminarmente se fijaron en 17.5%, lo que implica el cobro de una fianza que no podrían pagar muchos exportadores mexicanos de jitomate.
La petición de los productores de Florida “sí nos preocupa porque ya tenemos las siembras, los jitomates están chiquitos y están para empezar a cosecharse en diciembre, (de no haber tampoco un acuerdo en marzo o abril para extender el acuerdo de suspensión) nos agarraría a mitad de temporada en abril o marzo y estamos en producción hasta junio, temporada de invierno y a otras zonas pegaría muy fuerte”.
En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que un cambio en las reglas afectaría el “costo de comercialización porque se aumenta artificialmente por el arancel, y algunos productores no podrían exportar por el monto de la fianza, no todo mundo podría pagar la fianza y eso generaría desocupación”.
Recordó que en 1996 por petición de productores de jitomate de Florida se inició una investigación contra las exportaciones de dicho alimento mexicano por considerar que se vendía en el mercado de EU por debajo del precio real de mercado, producto de ese análisis se determinó preliminarmente que debería gravarse esa hortaliza con 17.5%.
Sin embargo, la ley estadounidense permite evitar ese pago mediante un “acuerdo de suspensión” por el cual a cambio de no pagar el arancel, los productores de comprometen a exportar a un precio mínimo que fijan conjuntamente con el gobierno de EU.