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La indemnización a generadores privados que resultarán afectados por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica costará al gobierno federal entre 6 y 7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), calculó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, Régulo Salinas, y el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la misma confederación, José Luis de la Cruz, expusieron que en caso de irse a un arbitraje o abrirse un litigio, el gobierno federal deberá resarcir los daños.
“En la experiencia con estos arbitrajes, se le ordena al gobierno pagarle [a la empresa] lo que dejará de recibir. Antes de que se hiciera la reforma, la firma iba recibir utilidades en los siguientes años y por el ajuste se va afectar, por lo que se debe compensar”.
“Normalmente las sentencias de esos casos de arbitrajes son de 80% más de lo que se invirtió, si la inversión fue de 40 mil millones de dólares probablemente la sentencia de los casos de arbitraje serían por 70 mil millones”.
Explicó que hay varias vías de impugnación, por ejemplo por los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), los cuáles cuidan inversiones del sector privado.
También se pueden proteger de las disposiciones de acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), o el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).
En general los tratados afirman que “una vez que abres un sector no lo puedes cerrar. Si decides hacerlo tienes que compensar a los socios comerciales el cierre del sector energético y abrir otros sectores que compensen el cierre del sector energético”, en caso contrario se abren paneles de controversia o arbitrajes.
De la Cruz calculó que las afectaciones pueden ir de 6% a 7% del PIB, por lo que las finanzas públicas no podrán enfrentar una situación de esa magnitud, sobre todo en el entorno actual.
Para dimensionar el impacto, ese valor es equivalente a 25% del presupuesto federal anual de México, por lo que se complicará a las finanzas del país.
Opciones de defensa
Las empresas del sector energético tienen alternativas para defenderse de la nueva ley eléctrica, anunció la International Chamber of Commerce (ICC) México.
Detalló que una de las salidas puede ser la negociación antes de iniciar litigios de años.
El presidente del ICC México, Claus Von Wobeser, explicó que con la publicación del decreto, el sector privado puede iniciar con su defensa vía e amparos ante el Poder Judicial; controversias constitucionales; iniciar disputas por conflictos inversionista-Estado, ya sea vía tratados comerciales o acuerdos de inversión, y arbitrajes internacionales.
Expuso que una de las primeras acciones legales que se verán, por los generadores privados, serán los amparos, así como controversias constitucionales.
Afirmó que el sector privado tiene tres años para iniciar arbitrajes internacionales.
