En el análisis que realizarán los panelistas que resuelvan el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC se demostrará que Grupo México no viola los derechos de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, dijo la empresa.
Con respecto a la primera solicitud que realizó Estados Unidos para llevar a panel el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que rechazó el gobierno mexicano por considerar que se trata de un tema que se originó en 2007 y que se resolverá por las autoridades judiciales nacionales, la empresa afirmó que demostrarán que nunca han violado la ley.
La mina San Martín, de Industrial Minera México, que pertenece a Grupo México dijo que “asume este proceso como una oportunidad para que se confirme, de una vez por todas, que nunca ha violado la Ley y menos ha impedido que sus trabajadores ejerzan sus derechos constitucionales a tener un trabajo digno y afiliarse a la organización sindical de su preferencia”.
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Consideró que debe ponerse “punto final a este episodio que desafortunadamente ha perjudicado a muchos trabajadores y a sus familias por más de 15 años y que se confirme una vez más que en ese centro de trabajo no subsiste huelga alguna, ya que es voluntad de los trabajadores continuar laborando”.
![Foto: Grupo México](https://www.eluniversal.com.mx/resizer/v2/5QH5D5BOUFDTDPNEF6UFK66RTA.jpg?auth=bd918c68869c2b0e62cfddf4d12dd1212590087964c51e6e503d0f6628d9838e&smart=true&height=620)
El problema es que la mina se mantuvo 15 años sin operar bajo el argumento de una supuesta huelga, pero al levantarse la huelga en 2018, se invirtieron más de 105 millones de dólares, lo que permite producir un millón 250 mil toneladas de mineral cada año y generar cerca de mil 300 empleos.
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Por lo que, Grupo México dijo que “Napoleón Gómez Urrutia presentó la queja que dio origen a este proceso con dos objetivos: tener un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares más rendimientos acumulados desde 2005 a extrabajadores mineros y generar conflictos para presionar por un nuevo cargo político que le dé fuero”.
Expuso que confían en la “actuación de las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social en el caso de la mina de San Martín, actuación que siempre ha sido apegada a la ley y ha garantizado el pleno respeto a la libre voluntad de sus trabajadores para ejercer sus derechos”.
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