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A los factureros y a quienes operan bajo el esquema de outsourcing , que hayan cometido defraudación fiscal tipificada como delincuencia organizada y que todavía no están denunciados, pueden regularizar su situación, dijo la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Advirtió a los servidores públicos que cometieron actos de corrupción, utilizando algunos de estos esquemas de evasión, que no tendrán esa oportunidad,
La PFF anunció que realizan varias investigaciones, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación ( ASF ), para ir en contra de los funcionarios federales y municipales corruptos que vulneraron el procedimiento de licitaciones.
“Ahorita, quien haya cometido un delito culposamente o por error, pero ya saben que utilizaron un esquema de outsourcing de ese tipo o esa factura de la facturera publicada como Efo, váyase a regularizar antes de que los cachemos”, señaló el director de general de Control Procedimental de la PFF, Ricardo Andrés Cacho García .
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Durante el seminario “Combate a la facturación y evasión fiscal”, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, sentenció que si no corrigen, podrían pagar hasta 13 años y medio de cárcel.
Recordó que la PFF no puede perseguir penalmente si el contribuyente se regularizó por completo, antes de que se le haya notificado un auto de auditoría o gestión de identificación de las obligaciones fiscales, o ya incluso formulado la querella.
Estableció que aunque existe el acuerdo reparatorio, es facultad de la Secretaría de Hacienda determinar si procede o no.
Del lado de los contribuyentes que llegó a recurrir a la compra de facturas falsas por un error, se vería si es un planteamiento creíble con las pruebas. “Serán las pruebas las que guíen nuestras acusaciones en todo momento”, expuso.
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Para los casos de corrupción, Cacho García dijo que tienen en la mira a varios servidores públicos.
"Hay muchas investigaciones que estamos haciendo por actos de corrupción en dependencias desde nivel federal hasta municipal, sobre licitaciones y otro tipo de adjudicaciones que en la mayoría de los casos fueron directas, vulnerando los procedimientos”, indicó.
Se trata de casos de empresas que hoy están en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) por ser factureras y que en el pasado tuvieron una relación con gobiernos.
“Hoy ya las investigaciones se van facilitando gracias a esas listas y el ejercicio de contraste entre los beneficiarios de contratos públicos multimillonarios y las listas de los Efos, vemos que hay grandes coincidencias para la recepción de recursos públicos por corrupción porque son empresas fantasma”, detalló.
Al funcionario corrupto se le puede aplicar el delito fiscal y de delincuencia organizada, así como a todos los que participaron en ese esquema, puntualizó.
“Con la Auditoría Superior estamos armando casos juntos”, refirió.