Los factureros y outsourceros que hayan cometido el delito de defraudación fiscal tipificada como delincuencia organizada y que todavía no hayan sido denunciados están a tiempo para regularizar su situación, dijo la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Sin embargo, los servidores públicos que cometieron actos de corrupción valiéndose de algunos de esos esquemas de evasión no tendrán la misma oportunidad, advirtió.
La PFF anunció que está realizando varias investigaciones con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para ir en contra de funcionarios federales y municipales corruptos que vulneraron el procedimiento de licitaciones.
“Ahorita, quien haya cometido un delito, culposamente o por error, pero que ya sabe que utilizó un esquema de outsourcing de ese tipo, o esa factura de la publicada como EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas), váyase a regularizar antes de que los cachemos”, dijo el director General de Control Procedimental de la PFF, Ricardo Andrés Cacho García.
Durante el seminario Combate a la facturación y evasión fiscal, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, alertó que, si no corrigen su situación, podrían pagar hasta con 13.5 años de cárcel.
El funcionario recordó que la PFF no puede perseguir penalmente si el contribuyente se regularizó por completo antes de que se le haya notificado un auto de auditoría o gestión de identificación de las obligaciones fiscales, o ya incluso formulando la querella. Estableció que si bien existe el acuerdo reparatorio, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinar si procede o no.
Del lado de los contribuyentes que incurrieron en la compra de facturas falsas por un error, se vería si es un planteamiento creíble con las pruebas. “Serán las pruebas las que guíen nuestras acusaciones en todo momento”, expuso Cacho García.
Para los casos de corrupción, el funcionario de la PFF dijo que tienen en la mira a varios servidores públicos.
“Hay muchas investigaciones que estamos haciendo por actos de corrupción en dependencias desde nivel federal hasta municipal, sobre licitaciones y otro tipo de adjudicaciones, que en la mayoría de los casos fueron directas, vulnerando los procedimientos”, indicó.
Se trata de casos de empresas que hoy están en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por ser factureras y que en el pasado tuvieron relación con gobiernos.
Al funcionario corrupto se le puede aplicar el delito fiscal y de delincuencia organizada, así como a todos los que participaron en ese esquema, señaló.