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El gobierno federal proyecta un gasto superior a 52 mil 323 millones de pesos para cuatro de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales hoy enfrentan resistencias de grupos sociales y hasta amparos que los mantienen en litigio ante el Poder Judicial.
Para 2020, el proyecto del nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía tendrá un presupuesto de 5 mil 372 millones de pesos. En tanto, a la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se asignaron 41 mil 256 millones de pesos; al Tren Maya, 2 mil 500 millones de pesos, y al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 3 mil 195 millones de pesos.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Hacienda etiquetó a la Secretaría de la Defensa 5 mil 372 millones 242 mil 103 pesos para la ‘construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía)’.
Para ese proyecto, de acuerdo con el apartado de proyectos de inversión de la Sedena, el gobierno federal contempla un costo total de 95 mil 260 millones 428 mil 539 pesos, así como un presupuesto de 4 mil 140 millones 901 mil 323 pesos para 2021.
La terminal, que incluye la conexión con los aeropuertos de Toluca y la Ciudad de México, enfrenta cerca de 200 amparos, algunos presentados por Mexicanos Contra la Corrupción, y nueve por la organización 12 Pueblos Originarios de Tecámac.
De acuerdo con el colectivo #NoMásDerroches, se han presentado 147 juicios de amparo en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, contra el aeropuerto que pretende resolver la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Fuentes judiciales informaron a EL UNIVERSAL que entre el Estado de México y la capital del país se concentran 36 expedientes, mismos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pidió enviar a un solo juzgado.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aceptó la solicitud para concentrar los amparos en el Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Bernar Flores, presidente de la organización civil KOSMO Publicus y responsable de algunos amparos contra Santa Lucía, dijo que luego de que el gobierno pidió un etiquetado especial para Santa Lucía, no descartan presentar más recursos legales.
Además, para iniciar la obra del Tren Maya, el gobierno etiquetó 2 mil 500 millones de pesos, pero apenas en junio pasado, ante la visita de López Obrador a Yucatán y Quintana Roo, organizaciones mayas exigieron suspender el proyecto, así como otras obras “que despojan a los pueblos originarios de sus tierras”.
