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En el combate al huachicol no se requiere una reforma a ley de hidrocarburos , sino la aplicación de la ley y las sanciones establecidas en el actual marco jurídico por parte del Estado.
La mayor organización de empresarios gasolineros del país, Onexpo Nacional , consideró que para combatir la impunidad, hasta superar las fuertes distorsiones que crean las prácticas ilegales y delictivas en la importación y comercialización de combustibles, solo se necesita “la aplicación efectiva por parte del Estado, respecto de las sanciones que se encuentran establecidas en los ordenamientos jurídicos vigentes, entre ellos, la Ley de Hidrocarburos y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos vigentes”.
Aseguró que “más que una nueva reforma legal, el Estado debe impulsar el eficaz ejercicio de las disposiciones en la materia”, es decir, usar la ley para sancionar a quienes incurren en la ilegalidad en el mercado de combustibles.
Combatir el grave problema del llamado “ huachicol fiscal ”, dijo, requiere la aplicación efectiva por parte del Estado, respecto de las sanciones que se encuentran establecidas en los ordenamientos jurídicos vigentes.
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A través de un documento entregado a los legisladores que integran las comisiones de Energía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que analizan la iniciativa de Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Onexpo considera que con la aplicación de la ley “se combatirán con mayor eficacia los actos de corrupción , el robo de hidrocarburos y se abatirían la impunidad, los delitos y faltas dentro de la cadena operativa y comercial de los hidrocarburos líquidos en el país”.
Ante esto, reiteró la organización que realiza actividades de almacenamiento, comercialización, distribución y expendio de gasolinas y diésel con presencia en las 32 entidades del país, “no defendemos ni defenderemos a quienes realizan acciones contrarias a la ley y a las mejores prácticas operativas y comerciales”.
Onexpo Nacional se pronunció “porque se cumplan los criterios de legalidad, objetividad, gradualidad, transparencia, certeza jurídica y proporcionalidad en las sanciones, conforme a las leyes en vigor y en estricto apego al Estado de Derecho ”.
El Estado, añadió, debe impulsar el eficaz ejercicio de las disposiciones en la materia para combatir eficazmente los actos de corrupción, el robo de hidrocarburos, impunidad, los delitos y faltas dentro de la cadena operativa y comercial de los hidrocarburos líquidos en el país.
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Al referirse a la Iniciativa de Ley de Hidrocarburos , la organización empresarial afirmó que “genera incertidumbre y mayores riesgos a las inversiones realizadas por las empresas y ahonda los cuestionamientos sobre el compromiso gubernamental con el Estado de Derecho, limita las inversiones en proceso y afecta compromisos ya contraídos sobre la participación de las empresas privadas en el sector de los hidrocarburos líquidos”.
Preocupa, mencionó, que la propuesta pretenda declarar la suspensión de las actividades de las empresas para que la petrolera nacional (un exmonopolio y actual competidor en el mercado nacional, que tiene una posición preponderante de mercado y que concentra el insumo esencial de esta industria) tome el control de las instalaciones cuyos permisos para operar sean suspendidos.
Además, que esto se pueda realizar sin un procedimiento que respete el derecho de audiencia y las normas que salvaguardan el cuidado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones afectadas , que constituyen un patrimonio que conlleva importantes inversiones y que genera empleos para un porcentaje significativo de familias mexicanas.
La iniciativa tampoco garantiza mantener y cumplir los lineamientos operativos que cada empresa aplica en sus instalaciones y, por consecuencia, no se brinde la debida atención, servicio y calidad en el despacho de los productos de cada establecimiento comercial suspendido.
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Indicó que el ordenamiento que se pretende aprobar “inhibe abiertamente la competencia y atenta de
ese modo contra la certeza jurídica , al incorporar requisitos poco claros y de alta subjetividad para la aplicación de la suspensión y revocación de permisos, otorgando una amplia discrecionalidad a la Sener y a la CRE en la comprensión y ejecución de los mecanismos de revocación y caducidad.
"Esto mismo cambia drásticamente el marco jurídico, el foco de las inversiones y en general interviene coactivamente en el mercado de hidrocarburos de manera arbitraria a favor de Petróleos Mexicanos impulsando la formación de un mercado monopólico”, especificó.
Onexpo Nacional enfatizó que para atender la función de proteger a los consumidores hay un marco jurídico para sancionar a quien cometa prácticas abusivas contra los derechos de los consumidores.
“Un mercado de gasolinas y diésel debe operar bajo disposiciones claras y en beneficio de los consumidores finales. Por lo tanto, nos pronunciamos a favor del respeto y fomento a las condiciones de competencia y transparencia en la comercialización de gasolinas y diésel en nuestro país, para que se cumplan los criterios de legalidad, objetividad, gradualidad, transparencia, certeza jurídica y proporcionalidad en la aplicación de las leyes en vigor y en estricto apego al estado de Derecho”, dijo.
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