No se puede hablar de tecnología 5G con marcos regulatorios del siglo pasado, aseguró Alejandro Cantú, director Jurídico de América Móvil.
“Tenemos que entrar a una nueva generación de regulación para enfrentar los retos que vienen en el siglo 21”, dijo el directivo durante el evento Iberoamérica Transformación Digital Now.
Cantú mencionó que un reto radica en cómo desarrollar marcos regulatorios que promuevan y faciliten el despliegue de tecnologías de alta velocidad de manera sostenible a largo plazo que estimulen la demanda de servicios.
Durante el evento, Cantú destacó que se deben fomentar políticas que tengan como objetivo impactar de manera directa en el reto social de cómo llevar mayor cobertura, cómo promover el despliegue de infraestructura física que permita llevar a todas las poblaciones esas grandes soluciones digitales.
Otro reto es la estabilidad jurídica y estímulos gubernamentales y fiscales que permitan hacer las grandes inversiones.
El directivo dijo que la necesidad y la importancia del desarrollo de la infraestructura de redes de última generación no es resultado de la pandemia por el Covid-19; sin embargo, ésta hizo que se percibiera su papel transformador e hizo evidente la enorme desigualdad y la brecha digital.
Destacó que hay tres categorías: los cubiertos y conectados, los cubiertos no conectados y los cubiertos y no conectados.
“Esto demuestra la existencia de distintas brechas, la de demanda de servicios aunada a brecha de falta de cobertura”, dijo.
Al primer trimestre del año, de acuerdo con datos de la GSMA, 68% de la población en América Latina tiene conectividad; 90% tiene cobertura; 81% utiliza internet y 70% de las conexiones adoptan un smartphone.
Mónica Aspe, CEO interina de AT&T México, destacó que en México y el mundo se aprendió que se requieren enormes inversiones en telecomunicaciones para conectar a más personas, pero es clave que haya reglas claras y consistencia.
“La forma más rápida y eficiente de atraer mayor inversión y redes móviles más avanzadas es a través de reglas claras en lo fiscal, lo regulatorio y lo legal”.
Explicó que a los inversionistas en telecomunicaciones como AT&T les preocupa la propuesta de aumentar derechos del pago por el uso y aprovechamiento del espectro de manera notable de un año a otro para algunas bandas en México, particularmente las asignadas a operadores.