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La nueva ley antifactureros que entrará en vigor a partir de enero de 2020 no es facciosa ni terrorista, aseguró la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Sin embargo, consideró que la ley que equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada tendrá que pasar la prueba del “ácido” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La preocupación de muchos empresarios es cierta y la comparto, de que pueda aplicarse facciosamente, pero estamos en un Estado democrático. Habría que ver qué pasa en la Corte; a ver si pasa la prueba del ácido”, dijo el subprocurador fiscal federal de Investigación de la PFF, Víctor Manuel Contreras.
Durante el seminario Impacto fiscal penal de operaciones simuladas, organizado por la Universidad Latina, afirmó que deben estar tranquilos aquellos que creen que la procuraduría o cualquier otra institución de Estado van a ser utilizadas para persecuciones facciosas como terrorismo fiscal.
Además, destacó que en la parte que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), hay que considerar que es autónoma. Ello asegura que haya un sistema de justicia penal de pesos y contrapesos, aseguró.
Por el lado de la tarea que le corresponde a los jueces, Contreras comentó que es muy cuidadosa a la hora de pedirle a la PFF todas las pruebas.
“Habrá un cúmulo de pruebas, se aumentan los rangos de efectividad probatoria; tampoco crean que el día de mañana con un diagrama voy a estar imputando a cualquier persona que se encuentre en esta hipótesis”, estableció.
Indicó que antes de que se aplique la prisión preventiva oficiosa a los presuntos falsificadores de facturas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá que realizar auditorías, debe haber una querella por parte de la PFF, una investigación de la fiscalía y la resolución de un juez para dar paso a una apelación y juicio.
Contreras dijo que es errado pensar que empresarios y hasta amas de casa van a ser considerados delincuencia organizada.
La ley responde a que se relajó el marco establecido para delitos fiscales con los cambios que se hicieron en 2016; ahora con la nueva reforma penal, se desincentiva el mercado de las operaciones simuladas, matizó.
Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) acusó que es inequitativo que no se corrija de inmediato la lista negra del SAT cuando se elimina a algún presunto facturero por los efectos secundarios que genera en cuanto a reputación y sobre sus clientes.
El subprocurador de Protección de los Derechos del Contribuyente, Andrés López, relató el caso que atendieron de un causante al que se le señalaba como emisor de facturas de una empresa fantasma.
“Hizo una inversión con la compra de una trituradora y la rentaba; expidió facturas por 68 mil pesos, pero no presentó declaración anual. El SAT le determinó operaciones inexistentes por no tener activos ni personal”, dijo.
Ese fue un ejemplo de un error en el enfoque que llevó al contribuyente a presentar toda su contabilidad, cuando sólo tenía que haber dado una explicación.
