Poco a poco se dio a conocer la otra lista de empresarios, aunque en este caso se trata de quienes no fueron invitados la semana pasada a la cena en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para comprometerse a comprar un cachito de la rifa del avión. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, es uno de ellos, pero dijo que en caso de haber sido convocado, tampoco hubiera asistido. Otro que dijo que no lo invitaron es el presidente del Consejo de Kimberly Clark de México, Claudio X. González Laporte. Queda claro que en el primer caso, De Hoyos no es de los favoritos de AMLO por su crítica constante a la 4T ante situaciones como la falta de crecimiento económico, inseguridad y decisiones equivocadas, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Por otro lado, nos dicen que el problema con González es por los constantes señalamientos de su hijo a la administración. Quienes sí fueron invitados aseguran que no fue un moche, y que en otros sexenios todo se hacía en lo oscurito.
Nos dicen que en el programa de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 que realizará el auditor superior de la Federación, David Colmenares, destacan las relacionadas con diversos fondos que por lo general no rinden cuentas. Nos dicen que de las casi mil 600 auditorías que integran su programa, hay 40 que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda. Anote las revisiones que harán los especialistas de la Auditoría al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios —del cual el gobierno tomó 125 mil millones de pesos para compensar la caída de la recaudación de impuestos del año pasado— al que le harán una auditoría de cumplimiento al igual que al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una misma revisión harán de las tareas para prevenir operaciones de procedencia ilícita bajo la ley antilavado. Nos dicen que la lupa del auditor se está enfocando más a los estados consentidos del presupuesto federal.
Un desafortunado comentario de género seguido por una disculpa poco clara llevaron a que Laurent Therivel, CEO de AT&T México, saliera a la defensa de Mónica Aspe, vicepresidenta de Asuntos Externos de la empresa. La semana pasada, en una participación de Facebook Live que realizó Israel Quiñones, secretario de prensa y propaganda del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), dijo que un comunicado de la Canieti había sido elaborado de manera unilateral por Mónica Aspe. Lo delicado vino al calificarlo como un “comunicado lleno de histeria” asegurando que esta “no puede ser de hombres, solamente es de mujeres”. Un día después, Quiñones subió un video a redes sociales para disculparse, pero subrayó que Aspe nació en las cunas del poder. Por ello, nos dicen, Therivel envió una carta a Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, rechazando los comentarios de Quiñones. ¿Responderá el sindicato? ¿Y Telmex?
Nos cuentan que llamó la atención el comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores del viernes por parte de Alsea, ante el requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, sobre impuestos pendientes por más de 3 mil 881 millones de pesos por la compra que hiciera en 2014 de la cadena de restaurantes Vips a Walmart. Nos hacen ver que va en serio la revisión del organismo recaudador sobre pendientes que se han quedado en el tintero de diversas operaciones realizadas en años recientes para garantizar que no haya adeudos con el fisco. Alsea fue muy claro en su respuesta al asegurar que no tiene pendientes fiscales, pero no logró evitar que su acción cayera 6% este lunes. La duda, nos dicen, es qué tan exhaustiva será la revisión del SAT a transacciones realizadas hace años.