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La implementación de los sistemas locales anticorrupción se “abandonó” en muchos estados. En parte, resultado de que no hay ni agendas de operación ni monitoreo de avances, por lo que debe implementarse un semáforo anticorrupción que los mida, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Gustavo de Hoyos Walther explicó que a febrero de 2018 sólo 10 entidades concluyeron con la adecuación del esquema jurídico para la operación. Los nombramientos de magistrados especializados en la materia sólo se tienen en 21 estados y el Consejo de Participación Ciudadana y Fiscal Anticorrupción sólo opera en 20 entidades.
Ello a pesar de que para la ciudadanía es impostergable el combate a la corrupción, según lo relevan encuestas y estudios que muestran que 56.7% de los ciudadanos considera que la corrupción es el problema más importante de su entidad federativa.
El porcentaje de individuos que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites públicos en 2017 fue de 14.6%, dos puntos más que en 2015, cuando se registró 12.6%.
“En Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León los incrementos en la corrupción son hasta tres veces mayores que el promedio nacional”, expuso el líder del sindicato patronal de México en su mensaje semanal.
Dijo que en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi el panorama es “sombrío”, porque 53.6% de los mexicanos percibe que los actos de corrupción son frecuentes en su estado.
Esa encuesta demuestra que “para emprender un combate efectivo de la corrupción, el ámbito estatal no puede ser olvidado”, porque en estados como los anteriores el problema es grave, más de lo que se reconoce.
De Hoyos Walther consideró que “la omisión en el monitoreo de los procesos de integración y la falta de agendas consistentes en los sistemas locales anticorrupción es preocupante y se manifiesta como uno de los principales motivos por los cuales la corrupción no ha podido ser atacada de forma eficaz”.
Debe haber mayor “visibilidad nacional” de los cambios y procesos de implementación de los sistemas locales anticorrupción si es que realmente se aspira a institucionalizar el combate efectivo contra ese ilícito, dijo.
Para ello, añadió que es necesario que se tenga una “agenda prospectiva mínima” que contemple un esquema jurídico básico a conformar; nombramientos a realizar y el presupuesto necesario para los cambios del sistema local.
