Para Alejandra R, propietaria de una tienda de dulces, las mayores visitas que recibe son del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que dice buscan cualquier detalle, aunque sea insignificante, para imponer multas.
Por lo que si se quitaran esas inspecciones los negocios no perderían tantas horas en recibir a los funcionarios, así que considera interesante conocer a detalle la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
Sin embargo, las visitas del SAT y de la Profeco son precisamente las que no se suspenderán, ya que la promesa del gobierno federal de que los empresarios de micro, pequeñas y grandes empresas ya no recibirán inspecciones y verificaciones tiene sus excepciones.
Por ejemplo, únicamente aplicará a quienes se registren en el padrón de confianza correspondiente y no se “suspenderán” las inspecciones relativas a los derechos e intereses del consumidor y las relativas al sector financiero.
De acuerdo con la legislación que se publicó el 20 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, hacerse merecedor de ese beneficio implicará inscribirse en el padrón único a la confianza ciudadana, para lo que requerirán dar su nombre, información relacionada con uso de marcas, nombres comerciales, denominaciones o razón social de las personas, establecimientos o sucursales.
Así como la constitución y registro de las personas morales, el registro y uso de firmas electrónicas del SAT, en caso de tener empleados se necesitará la vinculación con el IMSS y del Infonavit, así como referencias a trámites locales requeridos para realizar actividades económicas.
La legislación también incluye un apartado para que los empresarios puedan pedir al gobierno la lista de trámites o procedimientos que requieran simplificación.
Si bien la idea es “suspender las actividades de vigilancia, inspección o verificación que efectúen personas inspectoras, verificadoras, ejecutoras y cualquier figura análoga adscrita a aquellas”, hay excepciones.
Permanecerán las visitas que tengan que ver con resguardo de seguridad nacional, de la población y alimentaria; constatar que tengan medidas de protección civil, de sanidad e inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal, la salud humana, el medio ambiente, los recursos naturales, los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero y a la materia de armas de fuego y explosivos, así como la protección contra riesgos sanitarios.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) está en la fase de elaboración de los lineamientos de esa ley.
