El planteamiento de la reforma judicial conlleva riesgos que deben de considerarse, a pesar de que es necesario que se hagan cambios que fortalezcan el sistema de justicia del país, aseguró el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Es necesario que los cambios sean paulatinos y progresivos para quienes se integran por primera vez al sistema judicial, porque “la reforma judicial, podría ralentizar la resolución de los juicios en curso, crear vacíos de justicia, generar rezagos y comprometer la calidad de las sentencias judiciales”.
Para el Consejo debe atenderse el sistema judicial de manera integral, es decir, deben incluirse las fiscalías, los ministerios públicos, las defensorías públicas, la policía y las autoridades administrativas.
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La CNA también hizo los siguientes planteamientos: “Resulta indispensable que se realice una adecuada selección de los candidatos a Ministros, a Magistrados del Tribunal Federal Electoral, a Magistrados de Circuito y a Jueces de Distrito con base en su capacidad técnica, su experiencia profesional y en la carrera judicial, un intachable desempeño profesional, una excelente reputación, sin conflictos de interés que afecten su independencia, y acreditada honorabilidad”.
Piden “aprovechar la experiencia de la Escuela de Formación Judicial, institución especializada en la formación de impartidores de justicia y en concursos de oposición, eliminando cualquier mecanismo al azar que pudiera poner en duda la legitimidad de quienes sean elegidos”.
El órgano que realizará los procedimientos disciplinarios de los juzgadores deberá integrarse por “personas con sólida calidad moral, con experiencia técnica e independencia de cualquier factor que pudiera alterar la objetividad de sus decisiones, para evitar resoluciones inquisitorias que, en lugar de mejor la justicia, generen presiones a los titulares de los órganos jurisdiccionales que los alejen de la legalidad”.
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La evaluación de los jueces debe realizarla el nuevo órgano de administración de justicia y no el órgano disciplinario.
Para el CNA “solo los aspectos sustanciales de la reforma judicial deberían quedar planteados en la Constitución Federal, como ley suprema de nuestro país, mientras que el desarrollo puntual de los temas debe realizarse mediante leyes secundarias cuidadosamente diseñadas y revisadas, para garantizar derechos y apego a la Constitución”.
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