El entusiasmo por la relocalización de empresas (nearshoring) en México puede deprimirse al quedar como interrogante la magnitud del poder que significará la mayoría de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, advirtieron analistas.
Sería una de las implicaciones de los resultados electorales, no tanto por el triunfo de Claudia Sheinbaum en la votación presidencial ni por la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público, ponderaron.
La ausencia de contrapesos, las contrarreformas poco amigables y el cambio de reglas del juego son factores que quitan certidumbre jurídica y afectan las inversiones, dijeron a EL UNIVERSAL.
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Las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo federal podrían ser más viables y, con ello, el clima de negocios se deteriora, afectando el sentimiento de la inversión privada nacional y extranjera.
En particular, la materialización de proyectos de nearshoring podría estarse evaluando con cautela, o incluso frenarse, coincidieron.
Desde que comenzó a hablarse de ese nuevo fenómeno, se han escuchado alrededor de 80 anuncios de inversión que acumulan alrededor de 50 mil millones de dólares, según Grupo Bursátil Mexicano.
Además, hay estimaciones de que el Producto Interno Bruto (PIB) de México tendría posibilidades de crecer 45 puntos base adicionales por año por el nearshoring.
“El nearshoring va a pasar, está pasando y va a continuar, porque es una tendencia de largo plazo”, aseguró el economista en jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas.
Lo que puede suceder es que México no pueda beneficiarse tanto porque algunas empresas lo van a pensar más cuando tengan que decidir invertir en el país, dijo.
No se trata de la preocupación por el tema fiscal, ni por lo que la nueva presidenta pueda llevar a cabo, puntualizó.
“Hay confianza en Claudia Sheinbaum y en el secretario Ramírez de la O”, aseguró Casillas.
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Incentivos perversos
Para el economista Mario Correa, no es la falta de contrapesos en el Congreso lo que minaría la confianza de los inversionistas.
Es la forma en que podría modificarse la Constitución y las leyes para destruir los contrapesos institucionales al Ejecutivo, estableció.
“Lo que preocupa es el debilitamiento del Poder Judicial; cambiar la Constitución para que se elija a los jueces. Introduce incentivos perversos que los alejaría de la función encomendada”, alertó.
Indicó que su tarea es interpretar si lo que hacen los poderes Ejecutivo y Legislativo va de acuerdo con lo que dicta la Carta Magna.
Sin ese contrapeso, sostuvo, las garantías que tienen los ciudadanos y las empresas se verían en peligro, “reduciendo la confianza” en la economía, y afectando la inversión y la actividad productiva.
Para la directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, Janneth Quiroz, sin duda la certidumbre jurídica es un factor por considerar para todo inversionista.
“En estos momentos es importante ver el panorama social, económico y político en donde establecen sus inversiones, pese a que hay poca información de lo que hará el nuevo gobierno”, dijo. En términos de la relocalización, Quiroz refirió que, claramente, algunos inversionistas estaban esperando los resultados de las elecciones para continuar sus planes.
De Juan Ramón de la Fuente como jefe del equipo de transición, afirmó que es la persona adecuada por su amplia y reconocida trayectoria profesional.
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“Eso abona para que la nueva administración de Sheinbaum trate de generar certidumbre. Que ponga a una persona con el perfil que tiene [De la fuente] da una lectura positiva porque puede ayudar a mediar esta transición lo más suave posible, apoyando la estabilidad del país”, aseguró.
Septiembre, la incógnita
Analistas de la firma TransEconomics consideraron en un reporte que la principal interrogante es si Sheinbaum querrá y podrá negociar con AMLO sobre lo que pasará en septiembre con el plan C para reformar la Constitución.
“La inversión privada interna y externa, y en particular la materialización de los proyectos de nearshoring, se frenarán”, advirtieron Genevieve Signoret y Estefanía Villeda Lugo.
Sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial para elegir a los jueces por voto popular, señalaron que cuando un juez no tiene que hacer campaña, promueve su independencia de presiones políticas.