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El gobierno federal está tras navieras que ofrecen servicios de transporte en los litorales de Quintana Roo, propiedad de empresarios y políticos ligados a administraciones pasadas y que han creado negocios millonarios en detrimento de pequeños competidores, muchos de los cuales han tenido que cerrar.
En la investigación participará la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), puesto que empresas como Naviera Ultramar no sólo han estado compitiendo en condiciones desiguales “debido a beneficios dispensados por la Administración Portuaria Integral (API) Quintana Roo y autoridades marítimas, durante los últimos tres sexenios”.
Información que forma parte de carpetas de investigación, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, revela que, en los últimos años, pequeñas navieras —ferris— que ofrecían estos servicios en los litorales de Quintana Roo, abarcando Cozumel, Cancún e Islas Mujeres —que eran sus principales mercados—, han ido quebrando una a una.
Apenas en junio pasado se registró la salida de Naviera Convoy y Marítima Isla Mujeres, tras operar por 27 años, que se suman a otras que han cerrado, como Transportes Magaña, Naveganto y Marinsa Turismo, lo que supone, además, una pérdida importante de empleos en la región.
El problema detectado por las autoridades es el “fortalecimiento de la concentración de las actividades en un único operador, Naviera Ultramar, que compite en condiciones desiguales”.
La concentración del mercado por parte de Ultramar, de la que hasta ahora se desconocen los inversionistas, ha sido recurrente por los beneficios otorgados por la API Quintana Roo, desde tiempos de Mario Villanueva hasta Roberto Borge, debido a que por tratarse de una Administración Portuaria Integral estatal, los gobernadores presiden el Consejo de Administración.
Los permisos 3, 4 y 5 de 2018 fueron entregados por la Dirección General de Marina Mercante el 12 de febrero de 2018, poniendo en desventaja a los concesionarios de Naviera Convoy, Marítima Isla Mujeres, Naveganto, Transportes Magaña y Marinsa Turismo, debido a que mientras Ultramar detenta muelles públicos con exclusividad, los demás operadores usan la infraestructura vieja de la API en Quintana Roo.
La excesiva concentración de Ultramar obedece, de acuerdo con la investigación, al mercado de pasaje en esa región, que en 2019 puede alcanzar los 13 millones de viajes, de los cuales 5 millones se realizan en la ruta considerada Joya de la Corona, Punta Sam (Cancún-Isla Mujeres).
Datos de los operadores de las líneas marítimas indican que la bolsa total de pasaje y carga representa unos mil 500 millones de pesos al año.
Pesquisa en curso
La investigación se inició después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió la necesidad de investigar la situación y se comprometió a informar sobre el cruce los barcos y en cuanto a la competencia de compañías ligadas a partidos políticos.
“De Playa del Carmen a Cozumel, estábamos en la terminal esperando y llegaba uno y otro [ferri], uno vinculado a una línea de autoridades anteriores de un partido y el otro de autoridades del otro partido (...) Ya hay investigación de estos casos y voy a solicitar información para saber cómo está, debe ser un asunto de la fiscalía federal, pero (...) podemos informar, me comprometo a eso”, dijo el Jefe del Ejecutivo.
Desde 2018 se promovió en el Senado un punto de acuerdo para instar a las autoridades encargadas de la regulación del sistema marítimo nacional y de competencia económica a frenar un posible monopolio en los litorales de Quintana Roo.
Ultramar operó con embarcaciones de 48 metros de eslora en Cozumel, gracias al apoyo API Quintana Roo, durante los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge (2006-2017). Los titulares de la API en esos sexenios, Javier Zetina y Erce Barrón —éste último, testigo protegido en el caso Borge—, consintieron el monopolio de muelles y servicios marítimos a Ultramar.
La investigación también señala que, en otras terminales, los pagos por servicios de muelles para Ultramar eran más bajos, de unos 4 mil 200 pesos diarios, cuando deben ser de hasta 150 mil pesos, de acuerdo con un estudio de mercado realizado por las navieras.
La firma fue inspeccionada por la Autoridad Marítima Nacional de la Marina a finales del sexenio pasado, pero se retiró sin resultados. Un estudio ordenado por la API a principios de 2019, encargado a Consultor Náutico y Portuario, determinó que los barcos y algunos muelles de Ultramar carecen de certificados conforme al Código para la Seguridad de los Buques y de las instalaciones Portuarias (PBIP).
En 2006, la Cofece impuso una multa por 45 millones de pesos a naviera Ultramar y a otros agentes marítimos con actividades en Quintana Roo; sin embargo, la API Quintana Roo, que dirige actualmente Alicia Ricalde, modificó las reglas de operación para seguir permitiendo el uso preferencial de los muelles de Cozumel, pese a que le habían retirado la exclusividad.
A la naviera se le ha permitido construir sus propios muelles, terminales y pagar menos por servicios, lo que se traduce en costos de hasta 80% menos frente a la competencia, integrada por Golfo Transportación y Transcaribe. En esta porción de mercado llegaron a operar hasta ocho navieras, que bajaron la cortina en la última década.
