El gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredará a su sucesor el pago de mil 158 millones de dólares por los bonos contratados para las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, de acuerdo con los pagos y amortizaciones a capital pendientes de realizar.
Según información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia, se trata de dos pagos que forman parte del remanente que se adeuda, cuyo total asciende actualmente a 3 mil 718 millones de dólares.
De acuerdo con la información entregada por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en el siguiente sexenio están programados dos pagos a capital: el primero a realizarse el 26 de octubre de 2026, por 566 millones de dólares, y el segundo el 30 de abril de 2028, por 592 millones.
Sin embargo, los compromisos van para largo, pues hay otros dos pagos a capital que se deben realizar en octubre de 2046, por 670 millones de dólares y en abril de 2047, por mil 890 millones de dólares, de acuerdo con los datos a los que accedió esta casa editorial.
Para el NAIM, proyecto cancelado formalmente al inicio de este sexenio, el anterior gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto solicitó 6 mil millones de dólares en bonos. Al iniciar esta administración, tras la cancelación definitiva del NAIM, el gobierno recompró deuda por mil 800 millones y en diciembre pasado realizó otra recompra por 481.5 millones, la mitad para pagos de capital a mediados de siglo, dejando amortizaciones pendientes para el próximo sexenio.
Juan Carlos Machorro, especialista en el sector aeronáutico y socio de la firma Santamarina y Steta, dijo que la situación es grave en cuanto a que esa deuda se iba a pagar con recursos de los usuarios, y ahora se está haciendo pública.
“El gobierno va a heredar un problema financiero y otro de conectividad aérea. Esa decisión fue un crimen contra el uso de recursos públicos, y alguien va a tener que rendir cuentas”, dijo.
A pesar de que no se edificó el NAIM y que los recursos de los bonos no se ejercieron, el gobierno enfrenta problemas para pagar esa deuda, incluyendo sus intereses.
“La pandemia ha tenido un impacto adverso en la industria aeronáutica en México, en virtud de que la demanda de vuelos comerciales se ha reducido dese el inicio del segundo trimestre de 2020 como resultado de las restricciones de viaje y las limitaciones de movilidad”, argumentó el grupo aeroportuario en los reportes de pago de intereses de 2020, 2021 y parte de 2022.
Recientemente, el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de la Ciudad de México (AICM), Carlos Velázquez Tiscareño, expresó que esa terminal genera los recursos para pagar la deuda, pero alertó que no puede mover menos de 40 millones de personas al año porque así no se generan excedentes para recomprar deuda.
La administración pasada solicitó los préstamos a nivel internacional y garantizó su pago con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM que se cobra a los usuarios para despegar, la cual se ve reflejada en los boletos de avión.
La TUA del AICM, a pesar de que se canceló el aeropuerto en Texcoco, continúa siendo una de las más altas del país y el continente.
Además, el tráfico de pasajeros en el AICM se ha reducido debido a las acciones del gobierno federal para mover vuelos comerciales y de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proyecto que esta administración construyó ante la cancelación del proyecto de Texcoco, mismo que hasta ahora no termina de consolidarse en cuanto a demanda de pasajeros.
Expertos han señalado que este problema plantea dudas sobre en qué se utilizó el dinero de los bonos, y sobre la viabilidad tanto del AIFA, como la de un parque ecológico en Texcoco.
El gobierno también heredará un parque ecológico, ya que en el terreno donde se edificaba el NAIM ese proyecto tiene un avance de 81%, con una inversión de 5 mil 240 millones de dólares, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), añadió que este gobierno empeoró la transparencia de uso de recursos públicos en infraestructura.
“Son las canchas de futbol más caras del mundo, y seguimos pagando por un aeropuerto no concluido y otro que no funciona”, añadió.