Más Información
El robo de identidad debe ser considerado el delito de esta era, asegura Juan José Domínguez Ochoa, director de Ecosistema y Cofundador de Cincel, compañía que ofrece soluciones de seguridad digital para diversas transacciones, sector conocido también como de Prestadoras de Servicios de Certificación (PSC), principalmente enfocadas en dar seguridad digital a las empresas.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) indica que el robo de identidad o usurpación de identidad es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de datos personales de otra, sin la autorización de ésta última, usualmente para cometer un fraude o delito.
En opinión del directivo, “este problema evoluciona y a partir de este delito surgen otros crímenes, cuyo costo final para la sociedad, empresas y gobiernos puede ser mayor si no se protege con mayor recelo la identidad de las personas” para evitar que sea vulnerada.
Datos sensibles
La identidad se constituye con datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo además información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.
En muchos casos, el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima.
Para Domínguez Ochoa, “es necesario fortalecer las leyes para evitar el robo de identidad, pues es como un virus”: al principio se tiene una especie de invisibilidad, pero con el paso del tiempo se observan los síntomas, para luego mutar, “pues se utiliza la información para cometer incluso varios delitos”.
Detalla que así recae mucha responsabilidad a nivel del gobierno, pues debe establecer bien las reglas para evitar que con los avances tecnológicos se vulnere la identidad de las personas. Además, señala que en conjunto con la Asociación de Internet Mx, de la cual son integrantes, se impulsa una legislación para señalar la gravedad del tema y aumentar más las sanciones.
Domínguez considera que se debe poner énfasis en medir más este delito y lograr una colaboración amplia entre instituciones públicas, privadas y del sector educativo para intensificar también más la colaboración de carácter internacional. Lo anterior, con el fin de evitar, por ejemplo, los cada vez más elaborados robos patrimoniales por parte del crimen organizado.
Posición de riesgo
De acuerdo con el directivo, México ocupa el segundo lugar en delitos cibernéticos en la región, detrás de Brasil, y el octavo a escala mundial. Además, revela que de acuerdo con un estudio elaborado por el Senado de la República, en el país se registra un fraude cada cinco segundos.
Información recabada por Cincel arroja que en México los casos más comunes de robo de identidad se ven reflejados en:
Fraude financiero, con tarjetas de crédito, creación de cuentas bancarias o solicitud de préstamos.
Fraude con servicios, en telecomunicaciones, con la apertura de cuentas de telefonía móvil o fija, o de servicios públicos como electricidad, agua o gas, todo con la identidad de otra persona.
Fraude gubernamental, ya sea ante el fisco, presentando una declaración falsa para obtener reembolsos indebidos o solicitando prestaciones de seguridad social.
Fraude médico, que se da empleando datos de otra persona para obtener servicios, medicamentos o realizar reclamos de seguros.
Fraude con empleo, sobre todo si una persona cuenta con antecedentes penales.
Phising o estafas en redes sociales, cuando los delincuentes envían correos falsos que parecen ser de instituciones legítimas para obtener datos personales, o bien haciéndose pasar por amigos o familiares pidiendo dinero.
Fraudes inmobiliarios, cuando con datos falsos se solicitan préstamos hipotecarios o se venden propiedades que no les pertenecen.
Robo de identidad criminal, cuando el delincuente da el nombre y datos de otra persona al ser detenido o investigado por la policía.
Fraude con documentos, cuando se crean pasaportes, licencias o tarjetas de identidad usando datos e imágenes robados.
