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noe.cruz@eluniversal.com.mx
El grupo parlamentario de Morena en el Senado prepara el último clavo al féretro que enterrará la posibilidad de que México explote los recursos de gas shale localizados, sobre todo, en el norte del país.
Los senadores Martí Batres y Antares Vázquez Alatorre presentarán una iniciativa para que se expida la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, mejor conocida como fracking, para la explotación de campos gasíferos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
En la exposición de motivos, los legisladores enumeran una serie de afectaciones por el uso de esta técnica para la extracción de hidrocarburos, entre los que destacan:
Disminución de la disponibilidad de agua para los seres humanos y ecosistemas, pues se requiere de 9 millones a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo y cuando hay un desarrollo generalizado de estos proyectos “se compite por el agua para otros usuarios, poniendo en peligro la realización del derecho humano al agua”.
También contaminan fuentes de agua. En Estados Unidos hay más de mil casos documentados de polución de mantos acuíferos cerca
de pozos de fractura hidráulica.
Exponen que el fracking contribuye al calentamiento global, dado que la explotación de gas shale emite gas metano que se produce por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución.
Asimismo, se añaden elementos tóxicos al agua para facilitar el proceso de fractura. En total se han identificado más de 2 mil 500 productos y, al menos, 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación, sustancias que pueden provocar cáncer.
Dudan de resultados. Sostienen que los resultados de la explotación de gas shale en Estados Unidos plantean serias dudas en torno a su viabilidad económica, lo que cuestiona la pertinencia de que México destine recursos públicos al desarrollo e investigación para la explotación de estos bienes naturales.
La industria gasífera de Estados Unidos ha reconocido que de los pozos perforados, en 8 de cada 10 casos los costos de producción superan a las ganancias esperadas. De los seis pozos que el gobierno mexicano ha trabajado desde 2011, tres han resultado comerciales, dos no comerciales y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados.
La baja rentabilidad de estos proyectos está relacionada con sus altas tasas de declinación, las cuales se sitúan entre 29% y 52% a un año de iniciada la extracción.
Plantean además que “en los proyectos de fractura hidráulica no existen razones para suponer que desde la etapa de exploración se informará a la población”.
Hay, aseguran, violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y graves consecuencias para la vida de las personas y las comunidades.
Incluso, cuestionan estimaciones en torno a las reservas de gas de esquisto que puede tener el país.
Pemex, añaden, inició trabajos exploratorios de gas shale o esquisto en 2010. En abril de 2013, la Energy Information Administration, organismo del Departamento de Energía de Estados Unidos, calculó que en las cuencas de México existe un recurso de 545 billones de pies cúbicos de gas esquisto.
Sin embargo, las proyecciones de Pemex son menores, pues previó un recurso recuperable en Burro-Picachos-Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua de entre 150 mil y 459 mil millones de pies cúbicos.
