Desaparecer o minar la autonomía de los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es debilitar al Estado mexicano, su especialización y rigor técnico.
“Representa, además, un retroceso en la construcción de la democracia en nuestro país”, destacó el regulador de las telecomunicaciones a través de un comunicado.
El IFT indicó que las telecomunicaciones y la radiodifusión son pilares para la recuperación económica en la actual situación derivada de la pandemia de Covid-19.
“Un cambio de reglas en estos sectores y de la autoridad que las implementa generaría incertidumbre y se perdería la oportunidad de aprovecharlas para impulsar el crecimiento y la recuperación económica del país”, afirmó.
El acceso a internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son habilitadores de derechos fundamentales como salud, educación, libertad de expresión, derecho a la información, derechos políticos y de asociación, por lo que resulta indispensable que la autoridad encargada de garantizarlos mantenga su fortaleza y autonomía en beneficio de los mexicanos.
El instituto destacó que está abierto al diálogo y dio la bienvenida a un ejercicio democrático que lleve a un análisis sobre su labor, en el que se reconozcan sus avances y se identifiquen las tareas en las que debe reforzar acciones regulatorias, en beneficio de los usuarios.
“Organismos deben fortalecerse”
El IFT, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) no deben desaparecer, sino fortalecerse, señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
La autonomía es una cualidad jurídica que define a instituciones del Estado que tutelan derechos fundamentales, como el de información, de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de las audiencias de radio, televisión y la libertad de expresión, dijo.
Por medio de un comunicado, rechazó “cualquier declaración, estrategia o iniciativa de ley que busque debilitar o desaparecer la autonomía de las instituciones que tienen esa definición desde su diseño institucional”.