Los gobiernos latinoamericanos de México, Costa Rica y Chile tienen espacio para mejorar sus políticas de datos abiertos del gobierno, dijeron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el estudio Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, el organismo aseguró que “los datos constituyen uno de los recursos más valiosos del mundo actual. Las políticas de datos abiertos gubernamentales (DAG) buscan garantizar que todo el mundo tenga acceso a los datos de los organismos públicos en formatos abiertos, gratuitos y accesibles”.
Esos datos se “han convertido en cruciales para abordar cuestiones políticas tanto antiguas como emergentes, como la reciente pandemia y la transición verde”.
A pesar de ello, la puntuación promedio que obtuvieron Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú fue de 0.37 sobre un máximo de un punto, lo que deja a estos seis países por debajo de los 0.48 puntos que tienen como media los 38 países de la OCDE.
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El país mejor evaluado fue Brasil con 0.56 puntos, Colombia 0.55 y Perú 0.52, mientras que México está con 0.27 puntos, Costa Rica 0.19 y Chile 0.13 puntos.
Para la OCDE la calificación de los últimos tres países muestra que “aún tienen margen de mejora, especialmente en el apoyo gubernamental a la reutilización de datos”.
En el estudio se explicó que “aunque las democracias de la región se han afianzado, la confianza en el gobierno sigue disminuyendo, la desigualdad y la informalidad siguen planteando retos, y los gobiernos disponen de un espacio fiscal limitado para abordar problemas apremiantes, como el cambio climático y otras cuestiones medioambientales”.
Agregó que en 16 países de la región el nivel promedio de confianza en el gobierno en el 2022 fue de 36.3%, lo que significó una caída con respecto al 40.2% de 2008, lo que indica que hay espacios de mejora.
De acuerdo con el estudio, México tiene regulaciones, organismos y políticas que no tienen otros países de la región, como la posibilidad de que el sector privado haga saber sus comentarios en torno al surgimiento de nuevas regulaciones, utiliza análisis de impacto ambiental, tiene un organismo independiente de supervisión de la información pública y se da seguimiento a los gastos de los partidos políticos, entre otros controles.
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