A partir del 1 de diciembre, el gobierno federal sumará al Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera a las unidades ilegales cuyo número de serie empieza con una letra que indica su proveniencia de Asia y Europa, pero que se comercializaron en Estados Unidos y Canadá.
Esta acción, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), incrementará los impactos negativos de esta medida como sobreofertar el mercado de vehículos usados y una reducción en 20% en el precio de los vehículos nacionales de similar año-modelo en todo el país.
Lo que acaba por impactar la cadena de renovación vehicular y merma aún más la decadente operación del Registro Público Vehicular (REPUVE).
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Esta mañana, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tijuana, hizo tal anuncio e informó que se llevan regularizados un millón 874 mil 338 vehículos usados extranjeros desde el 19 de marzo de 2022 al 9 de noviembre de este año.
La funcionaria afirmó que la medida fue resultado de una petición que hicieron en Baja California alrededor de 2 mil 500 propietarios de este tipo de unidades irregulares.
Sin embargo, la medida al ajustarse al actual Decreto en la materia se ampliará a las 17 entidades donde ya opera la regularización, multiplicando el impacto de tal medida, ya que una vez emplacadas estas unidades podrán moverse al resto del país.
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“Esta acción vendrá a incrementar el impacto al mercado interno, ya que no ha habido ninguna acción para acabar con la corrupción de funcionarios de todos los niveles que continúan permitiendo el ingreso ilegal de vehículos usados extranjeros al país, circular por ciudades y carreteras federales para su venta en vía pública y tianguis”, apuntó el representante de los distribuidores.
Rosales Zárate insistió en que no hay necesidad de sostener una regularización casi nacional cuando el 51.6% de las regularizaciones se concentran en Tamaulipas, Chihuahua y Baja California.
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