A unas horas de que el Congreso de la Unión analice una iniciativa de reforma constitucional en materia energética que busca plasmar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prevalencia sobre sus contrapartes privados en el sector eléctrico; el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el país requiere certidumbre en ese sector y que el gobierno federal debe mandar un mensaje de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica.
En un comunicado, el organismo aseguró que en caso de aprobarse la reforma, el Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción plasmada en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible estos riesgos.
Lo anterior, ante la posibilidad de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento.
"La reforma enviaría un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho", alertó.
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Al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, el IMCO alertó que se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos, por lo que este riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica.
Mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54.5 mil millones de dólares (mmd) en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13.4 mmd.
Esta iniciativa de reforma fue presentada en febrero pasado, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y propone modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna con el fin de fortalecer a CFE como empresa pública para garantizar la soberanía energética, la soberanía nacional y la justicia social al garantizar el acceso universal a la electricidad a los precios más bajos posibles.
Como parte de dichos cambios, se busca cancelar las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica y que las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Mientras que en el artículo 28, se pretende establecer que el servicio de internet que provea el Estado al listado de áreas estratégicas, y se establece que los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado.
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En ese sentido, el IMCO lamentó que las inversiones en el sistema eléctrico están lejos de las necesidades del país dado el crecimiento de la demanda.
Además, indicó que en un contexto en que las finanzas públicas se encuentran presionadas, el sector energético debe aprovechar todas las posibilidades de financiamiento público y privado.
“Las empresas estatales deben estar en condiciones de generar valor económico para brindar un mejor servicio público”. resaltó.
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Remarcó que México enfrenta retos en materia de seguridad y transición energética, aunado a que la demanda eléctrica crece por encima del desarrollo de nueva capacidad, las energías renovables no se han desplegado al ritmo que requieren los compromisos internacionales del país y las redes eléctricas padecen de subinversión crónica desde hace décadas, mientras que la petrolera del Estado sufre de problemas tanto operativos como financieros.
Las posibilidades de desarrollo económico y bienestar para los próximos años dependen en buena medida de atender estos desafíos a partir de políticas públicas que permitan un acceso a insumos básicos que sea seguro, eficiente, limpio y fiscalmente responsable.
mgm