La Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo que los obliga a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares a Odyssey Marine Exploration.
El fallo se dio contra el gobierno mexicano por haberle negado a dicha firma el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur, resolución que se a conocer la semana pasada por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La dependencia dijo que durante proceso el gobierno “demostró que la empresa no cuenta con experiencia para la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino”.
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La indemnización de 37.1 millones de dólares “representa alrededor del 1.18% del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje”.
La Secretaría de Economía dijo que entre 2016 y 2018, la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.
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La obra, a realizarse en el Golfo de Ulloa, tuvo a socios como Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistió “en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas (22 mil 224 m) del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte”.
“En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros”, dijo la Secretaría.
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