La administración de condominios ha ganado terreno en el sector inmobiliario mexicano; sin embargo, existe un gran desconocimiento de la ley en la materia, de acuerdo con especialistas en administración de rentas y condominios.
“Vemos un mercado creciente de vivienda en condominios. De ahí la importancia de la protección legal y buenas prácticas, tanto de los condóminos como de sus administradores, para prevenir demandas, multas y sanciones.
“Desafortunadamente, nuestra experiencia refleja que 3 de cada 10 condóminos desconocen su reglamento y el resto usa las reglas de forma que les sea conveniente”, señaló Caterine Castillo, cofundadora y CEO de Neivor, proptech de rentas y condominios.
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Camilo Medina, especialista legal de la compañía, destacó que la estadística a nivel nacional tampoco es alentadora, ya que sólo 60% de los mexicanos conoce la Ley de Propiedad en Condominio.
“Los problemas más recurrentes en un condominio son temas de construcción, invasión de áreas comunes y adeudo de cuotas condominales.
“Ello, sumado al desconocimiento legal, pueden generar grandes problemáticas cuando no se atienden apropiadamente”, indicó.
En el caso de los administradores de condominios, no solo necesitan conocer a detalle el reglamento interno del inmueble, sino también ocuparse de escuchar a la mesa directiva para conocer sus demandas y buscar soluciones incluso fuera de dicho reglamento, cuando así se requiera.
Cada estado de la República Mexicana se rige por una legislación particular, en la CDMX se rige con la Ley de Propiedad en Condominio.
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Cuando se desacata el reglamento interno, se deben tomar decisiones a través de la asamblea general de condóminos, es decir, el órgano supremo de un condominio integrado por los condóminos, dirigido por la mesa directiva en acompañamiento por un comité de vigilancia.
“Es por ello que, cuando se presentan multas, éstas deben ser aprobadas a través de dicha asamblea, una vez que se tiene el visto bueno de la mayoría, siempre y cuando el quorum legal sea debidamente establecido, se aprueba el acuerdo, el perseguimiento se integra al reglamento interno y surte efecto al día siguiente.
“Hay multas que van desde 500 pesos hasta 5 mil pesos o pueden rebasar los 10 mil pesos, mucho depende de cada entidad federativa. En el caso de la CDMX, hay una autoridad, la Procuraduría Social (Prosoc), que apoya al administrador en la aplicación de dichas reglas”, detalló Camilo Medina.
El especialista apuntó que si se presenta alguna problemática y la multa no se contempla en el reglamento interno, se solicita una asamblea para que se establezcan nuevas sanciones o acuerdos para proteger el actuar del administrador y la armonía en el condominio.
Si no hay una disposición interna, lo que se recomienda al administrador es pasar al siguiente ordenamiento jurídico que sería la Ley de Propiedad en Condominio o incluso, el Código Civil y Código Penal.
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