Una mayor ejecución del presupuesto por parte del gobierno junto a ingresos no petroleros débiles, ocasionados por la desaceleración económica, conducirá a un déficit fiscal más amplio de lo presupuestado en México , dijo la agencia Moody’s.
Ante este escenario, la calificadora estima un superávit primario de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit fiscal del 2.4% para 2019.
Moody’s recordó que el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso con el objetivo de tener un superávit primario de 1% del PIB, con lo que planea utilizar los recursos financieros del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para cumplir ese objetivo.
“Planean extraer 121 mil millones de pesos del FEIP, lo que representa aproximadamente la mitad de los recursos para alcanzar el objetivo de este año a nivel del sector público. El uso de reservas de efectivo preexistentes para cumplir con los objetivos fiscales reducirá las reservas financieras disponibles para hacer frente a las crisis cíclicas”
; explicó Moody’s.
Para la agencia, el desafío fiscal que enfrentan las autoridades mexicanas entre 2019 y 2020 se relaciona con la lentitud de los ingresos no petroleros ante una economía débil y la disminución de los ingresos petroleros .
“Esperamos que el gobierno continúe utilizando el efectivo disponible en los fondos existentes para cumplir con sus objetivos fiscales. Sin embargo, dado su tamaño relativamente pequeño, la administración eventualmente tendrá que elegir entre continuar adoptando políticas procíclicas en un contexto de bajo crecimiento o, alternativamente, estar dispuesto a tolerar mayores déficits fiscales”, añadió.
Moody’s agregó que además de las presiones presupuestarias derivadas de los efectos de la disminución de la producción de petróleo y el lento crecimiento, el apoyo a Pemex es un riesgo clave a mediano plazo para las cuentas fiscales de México.
“La decisión del gobierno de hacer de Pemex un campeón nacional y expandir su presencia en el sector petrolero requerirá un aumento significativo de los gastos de capital en exploración y producción de petróleo , además de los recursos financieros necesarios para rehabilitar las refinerías existentes y construir una nueva”; dijo.
En ese sentido, la firma espera que las transferencias a la petrolera pesen sobre las finanzas del gobierno federal, en un orden de 1% al 2% del PIB anualmente en los próximos años, lo que podría conducir a un debilitamiento fiscal.
“Este riesgo fue un factor clave que contribuyó a nuestra decisión en junio de asignar una perspectiva negativa a la calificación A3 de México”, agregó.