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Recientemente el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero de 2018. Muy en línea con los indicadores anteriores, el nivel de desocupación y subocupación de la población continúa a la baja, lo cual es claramente una muy buena noticia y confirma que este sexenio se ha dado un fuerte impulso al empleo.
Sin embargo, a pesar de la creación de nuevos empleos, en México seguimos enfrentando tres grandes obstáculos que dificultan aspirar a un desarrollo económico más sostenido e igualitario: la persistente alta tasa de informalidad en la economía, los bajos salarios y la elevada brecha salarial.
Como he escrito anteriormente en este espacio, la informalidad en nuestra economía representa un problema estructural que obstruye significativamente el crecimiento y la productividad de México. Si bien durante este sexenio se han dado pasos hacia la dirección correcta para combatir la informalidad, al pasar de 59.6% al inicio de la presente administración a 56.6% a febrero de 2018 (Inegi), la tasa de informalidad laboral continúa en un nivel alarmantemente alto.
Es necesario por tanto redoblar el paso para abatir este importante lastre para el desarrollo del país. Para ello es fundamental reducir el costo de la formalidad y fortalecer los incentivos para lograr incorporar a más empresas y trabajadores a la economía formal, y con ello potenciar un crecimiento más inclusivo.
Como se ha discutido ampliamente el tema, México enfrenta un rezago en los niveles de salarios en los últimos lustros.
Se estima que el salario promedio en el país aumentó apenas 1.7% en los últimos cinco años (BID). No se puede aspirar a un mejor futuro con salarios tan mediocres, por lo que es urgente tomar medidas de fondo en la materia.
Por otra parte, la elevada desigualdad de salarios en México constituye también una barrera al acceso a mejores oportunidades para toda la población. De acuerdo a la OCDE, la desigualdad salarial en nuestro país es de las más elevadas de sus miembros. La marcada brecha de ingresos entre los altos y bajos mandos de una empresa acentúa la desigualdad que persiste, al perpetuar las inequidades del sistema económico mexicano. Persiste también una inaceptable desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
Aun cuando el nivel educativo de las mujeres se equipara con el de los hombres, menos de la mitad de las mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral, mientras 60% de las que trabajan lo hacen en empleos informales y con bajos salarios (OCDE).
De acuerdo a un artículo reciente de este periódico, en lo que va del sexenio el número de mujeres que reciben salarios de más de 13 mil 500 pesos mensuales se ha reducido de un millón 82 mil 392 mexicanas en 2013 a tan sólo 726 mil 137 mujeres en 2017.
Las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en cargos directivos, tanto en el sector público como en el privado. En 2017, sólo 4.7% de las grandes empresas de México tenía más de tres mujeres en su consejo de administración.
En promedio, las mexicanas ganan 17% menos que los hombres (OCDE). Estos datos demuestran que el discurso y las políticas a favor de la igualdad de género no se han traducido en mejoras sustanciales de oportunidades y remuneraciones para las mujeres en los últimos años. Son muchos los ingredientes necesarios para avanzar en este respecto, pero considero que un buen punto de partida podría ser considerar la introducción de medidas de transparencia salarial para revelar la desigualdad en los salarios, como lo recomienda la OCDE.
Si queremos que la creación de nuevos empleos se traduzca en un verdadero motor de desarrollo y movilidad social en el país, es indispensable implementar medidas orientadas a reducir la informalidad, a incrementar el salario promedio y a reducir la brecha salarial. Las estadísticas del nivel de ocupación laboral no son suficientes para reflejar la capacidad de la economía para generar empleos de calidad que impliquen el acceso a un mejor futuro.
Presidente y Director General de Laureate
México y UVM