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A las empresas del sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información (TICs) les preocupa que el sector vuelva a concentrarse en pocas empresas y se impacte a los usuarios si las atribuciones del regulador se asignan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Dar marcha atrás a los avances logrados provocará una reconcentración del sector de telecomunicaciones, afectando seriamente a los consumidores”, dijo la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti).
Lo anterior, luego de que a últimas fechas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que trasladará las tareas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la SCT.
A pesar de que la cámara ha subrayado la necesidad de avanzar rápidamente en la desconcentración del sector y la eliminación de las ventajas históricas del preponderante en telecomunicaciones, también manifiesta su preocupación por una propuesta de eliminar o de absorber al regulador en la materia.
Además, los tratados y acuerdos internacionales firmados por México obligan al país a contar con un regulador independiente, especializado y técnico para el sector de telecomunicaciones.
El IFT surgió como resultado de una larga evolución administrativa del regulador en la materia. Dicho proceso inició a mediados de la década de 1990, pasando por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que era un órgano desconcentrado, y llegando al hoy instituto, que entró en funciones a partir de 2013.
El IFT es garante de los derechos de la población en materia de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e internet, destacó la Canieti.
Sus resoluciones “se dan a través de procesos transparentes, basados en las mejores prácticas internacionales, tomados en razón de criterios técnicos -no políticos-, que protegen los intereses de los usuarios, quienes dependen de regulaciones adecuadas para recibir los mejores y mayores beneficios en la prestación de estos servicios”, asegura.
Asimismo, a la industria le preocupa la posible sustitución o traslado de funciones de organismos constitucionales autónomos a diversas dependencias y, en caso de que se concrete, pide que se analice y discuta con las empresas y la sociedad civil.
La cámara también señaló que trasladar funciones del IFT, de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a dependencias del Ejecutivo federal parece que se debe a un tema de costos.
Sin embargo, recalcó, “dichos órganos autónomos han generado bienestar para los mexicanos, promoviendo la inversión y la innovación, y creando un entorno democrático, competitivo y de certeza, al velar por derechos fundamentales de la sociedad, especialmente los menos favorecidos; resaltando el contexto actual de la emergencia sanitaria”.
