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Para 2020 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) espera recibir igual monto presupuestario que en 2019, lo que servirá para realizar investigaciones y mantener salarios por encima de lo que gana el Presidente para 14 funcionarios de alto mando.
Esos servidores públicos iniciaron un proceso de amparo ante el Poder Judicial y consiguieron la suspensión que evita la reducción del sueldo, dijo la comisionada presidente del organismo, Alejandra Palacios.
La resolución de los amparos aún no está resuelta, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero deberá definir el criterio de las controversias de la comisión, que rechaza que el Poder Ejecutivo intervenga en decisiones internas, específicamente en salarios y prestaciones, y posteriormente los tribunales deberán resolver los amparos.
La Cofece registró 40 amparos de los cuales 33 obtuvieron la suspensión y evitaron una baja salarial. De esos 33 casos, 14 son de funcionarios de alto nivel que ganan 30% más que el Presidente.
“Los que siguen amparados seguirán ganando lo mismo (...) El amparo funciona, es independiente del periodo presupuestal. Mientras haya una suspensión, se tiene que pagar lo que antes pagaba”, dijo.
En la comisión hay 21 funcionarios de alto mando y siete no se ampararon, precisó Palacios en entrevista durante el Foro Combatir la corrupción y las prácticas anticompetitivas: Responsabilidad compartida entre autoridades y empresas.
Como los procesos están vigentes, se envió una solicitud de presupuesto igual al aprobado para este año, de 589 millones de pesos. De ese total, alrededor de 30% corresponde a sueldos, detalló la funcionaria.
En el evento, Palacios y la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, firmaron un convenio de colaboración que les permitirá trabajar coordinadamente en los casos de colusión en los que participe un servidor público.
Sandoval dijo que la Cofece enviará “a tiempo sus investigaciones en materia de competencia, para que podamos investigar y sancionar también a quienes se coluden en contrataciones pública”.
Expuso que en los primeros siete meses de 2019 la SFP emitió sanciones para 136 empresas que incurrieron en irregularidades en procesos de contratación, inhabilitó a más de 100 compañías e impuso multas por más de mil 400 millones de pesos por irregularidades. Destacó que es necesario evitar relaciones “de complicidad entre sectores público y privado que afectan la economía”.