No pocos ciudadanos y muchos analistas nacionales y extranjeros se preguntan cómo terminará este sexenio en materia económica. Aunque parezca precipitado hacer la pregunta, queda poco tiempo, ya que las decisiones de inversión y su implementación tardan varios años, y dado que el reciente programa económico es ya el tercero de seis, y a sabiendas de que el sexto ya no importa para influir proyectos futuros.
La historia está llena de ejemplos de economías con estabilidad, desarrollo y significativa superación de la pobreza que terminan en situaciones patéticas como resultado de errores de política económica. En el contexto de la difícil situación de la crisis del Covid-19 y los bajos montos de inversión durante 2019 y 2020, vale la pena reflexionar sobre las posibilidades de la economía mexicana para los próximos cuatro años. Es patente que no todos los gobiernos son igual de exitosos como lo confirman las comparaciones internacionales y los diferenciales de crecimiento al interior del país.
El propio gobierno ve un panorama complejo en el programa presentado al Congreso: crecimiento de 4.6% en 2021 (que pocos analistas creen), para luego crecer sólo al 2.5% anual, al tiempo que la inversión pública como porcentaje del PIB bajaría del insuficiente nivel de 3.1% en 2020 a 1.9% en 2026. Esta caída en la inversión refleja la falta de recursos presupuestarios, pero sin proponer una alternativa para que el déficit de infraestructura sea compensado con recursos privados.
Uno de los signos distintivos del gobierno ha sido interpretar todo obstáculo como un ataque a la Cuarta Transformación. La gran pregunta es cómo reaccionará el presidente cuando choque contra el muro, no muy lejano, de la falta de recursos.
El gobierno mexicano tiene, desde hace mucho, un déficit crónico de recursos. En el pasado el faltante presupuestario se colmaba ordeñando a Pemex que contaba con yacimientos de bajo costo o con emisión de deuda. En el sexenio anterior, la recaudación del impuesto sobre la renta, sobre todo a personas morales, pero también a físicas, más que compensó la disminución de recursos provenientes del petróleo. Este proceso de sustitución ha continuado en este gobierno a pesar de que el presidente López Obrador había puesto todas sus esperanzas en recuperar a Pemex como fuente principal de recursos. De manera un tanto paradójica, como nunca antes, este gobierno depende de las utilidades que genera la iniciativa privada.
Pero los impuestos sobre utilidades privadas son ya insuficientes y probarán serlo aún más. El gobierno ha cubierto el faltante hasta ahora con recursos extraordinarios que no pueden repetirse: auditorías a empresas sobre transacciones pasadas, uso de fondos de estabilización, desaparición de fideicomisos, adelgazamiento de la función del Estado, alguna venta de activos.
El año próximo, el gobierno espera que las utilidades del Banco de México lo rescaten otra vez, pero a un alto costo para los mexicanos: por la devaluación empobrecedora del peso que explica tales utilidades y por repartirse dividendos sobre ganancias no realizadas pero no comprometerse a inyectar capital cuando el peso se revalúe. Vale la pena también notar que en lo que va del año el Banco de México ha acumulado 13 mil millones de dólares, lo que incrementa los dividendos esperados por partida doble: una mayor base y una menor revaluación.
El uso de activos (fondos, fideicomisos, aviones) y el reparto de aprovechamientos del banco central han sido útiles para fortalecer la apariencia de las finanzas públicas (en términos económicos, disminuir un activo o endeudarse son equivalentes), pero también han permitido retrasar las decisiones fundamentales para el rumbo de la economía y no distraer la implementación de la 4T.
Sin embargo, la suerte de la economía al final del sexenio estará determinada por las políticas que se tomen cuando se acepte el muro de la falta de recursos ya no para rescatar a Pemex, sufragar sus programas prioritarios, sino incluso para cumplir con las obligaciones básicas de gobierno. La discusión con los gobernadores del centro y norte del país es sólo un pequeño botón de muestra de lo que se avecina.
Para evitar una colisión contra el muro de la que cueste mucho tiempo recuperarse, el gobierno tiene que trabajar en dos frentes, el segundo más importante que el primero. La salud presupuestaria se resume en el cociente deuda sobre PIB. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2020 este indicador cerrará en 55%. Es más probable que ronde cerca de 58%, cuando en 2018 alcanzaba 45%. El primer frente es el déficit, para influir el numerador del cociente, que puede controlarse con mayores ingresos (lo que implicaría una reforma tributaria electoralmente costosa) o menor gasto (difícil de conseguir sin despidos y de un alto costo en las urnas, como se pudo apreciar en Coahuila e Hidalgo). El segundo frente es el más prometedor, al concentrarse en el denominador, el PIB.
En el contexto actual de México, la salud de las finanzas públicas tendrá mayores probabilidades de lograrse con una economía creciente, dinámica, que genere una mayor recaudación, que con una manipulación de las cuentas públicas de ingresos, egresos y activos para influir el numerador. El problema es que las perspectivas de crecimiento no son buenas sin inversión física que expanda la capacidad de producción. Y esto no va a suceder sin un cambio en la orientación de la política económica y de discurso.
En el plazo inmediato, hay tres desarrollos positivos que México podría aprovechar para apuntalar su competitividad y atraer inversión: el primero de ellos es la implementación del tratado de libre comercio en América del Norte (T-MEC) y la conclusión de la actualización del tratado con la Unión Europea. Estos tratados le dan un sentido de dirección a la economía mexicana y le permiten construir una narrativa para aprovechar las ventajas comparativas fundamentales: posición geográfica, energía súper competitiva en la región, talento, compromiso con los acuerdos adoptados. Pueden también servir para el desarrollo del sur si se cuenta con una visión para utilizar el Golfo de México como plataforma logística para penetrar los mercados de Europa y de la costa este de Estados Unidos en que las exportaciones de México están subrepresentadas. El potencial para el sur-sureste es muy significativo.
El segundo es la imperiosa necesidad de las empresas de manufactura alrededor del mundo de diversificar su exposición al riesgo chino. México es el mejor antídoto para tal diversificación si enfatiza las ventajas comparativas mencionadas. El tercero es el ambicioso programa contracíclico de Estados Unidos que ya explica la recuperación de las exportaciones nacionales y el nivel récord de remesas.
Con el muro cada vez más cerca, la elección debería ser clara: contar con las condiciones para influir en el denominador es mucho más promisorio, y sin costo político real, que tratar de corregir el numerador con la esperanza de no chocar de frente. Cada día que pase, la utilidad del denominador será menor.
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