Más Información
maria.saldana@eluniversal.com.mx
Aunque en la licitación que hizo la CFE de watthorímetros (medidores eléctricos) “no gustó” que una empresa dominante en el mercado fuera una de las cuatro seleccionadas, se incorporaron mejoras en el concurso, lo cual generó ahorros y más ganadores, explicó la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económico (Cofece), Alejandra Palacios.
La responsable del organismo antimonopolios se refirió a la compañía IUSA, que la semana pasada fue una de las ganadoras del la licitación de la CFE.
“A varios no gustó que empresas con alta participación de mercado estuvieran de nueva cuenta consideradas entre las seleccionadas”, detalló en un documento que subió a través de su cuenta de Twitter.
Explicó que ello es resultado de la situación actual.
“Por una parte, son las que hoy tienen más fuerza para competir agresivamente (tienen la infraestructura para ofrecer grandes cantidades y pujar los precios más bajos); por la otra, legalmente no se puede impedir a ninguna empresa participar en un concurso público mientras no se haya desahogado un procedimiento administrativo que diga lo contrario”.
Para Palacios, “las buenas compras gubernamentales no se dan por arte de magia. En ellas importa tanto la voluntad política de la autoridad reflejada en el contenido y diseño de las bases como el contexto de los potenciales oferentes”.
El éxito de una licitación no tiene que ver con que si gana o no el agente dominante, sino en lograr “potenciar el presupuesto”, es decir, alcanzar ahorros.
La funcionaria comentó que antes de lanzar la licitación, personal de la CFE se reunió con representantes de la Cofece para “intercambiar ideas respecto a la elaboración de las bases”, sugerencias que se incorporaron en el concurso, lo que fue benéfico.
Expuso que en las bases de la licitación se amplían los tiempos de entrega de 90, 120 y 150 días naturales; se permitió que las empresas que no contaban con constancia de calificación acrediten con otros requisitos su capacidad; la convocatoria contempló adjudicar a dos proveedores los contratos en 80% y 20%, con un diferencial máximo de 5% en precio, además de que hubo subasta a la inversa.
Lo anterior significó que, contrario a lo que sucedió en años previos, la CFE no estableció requisitos o especificaciones particulares que definieran características casi idénticas a la tecnología que tiene la empresa dominante en el mercado.
Tampoco se le otorgó toda la licitación a una sola empresa,
sino que fueron cuatro los ganadores que se convertirán en proveedores, a los cuales se les extendió el plazo de entrega de 45 días hasta 150, para que las pequeñas y
medianas firmas pudieran producir el watthorímetro.
Expuso que gracias a los cambios, el precio de los medidores disminuyó en 20%, lo que significa que el gobierno obtuvo el mejor precio posible, además de que con las bases se puede abrir o cerrar la puerta a la competencia o facilitar la corrupción, lo que no sucedió en esta ocasión.
