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Las disposiciones de la ley fintech pueden traducirse en que una startup requiera hasta 4.4 millones de pesos para poder iniciar operaciones en México, lo que es una barrera de entrada, dijo Christian León, director de Mercado Pago en México.

“Lo que estamos viendo es que para crear una ITF (Instituciones de Tecnología Financiera) hay costos muy altos; Conamer (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria) sacó un costo de 4.4 millones de pesos, con los que empezar a operar una startup ya es difícil”, afirmó el directivo de cobro de Mercado Libre.

En conferencia, explicó que la ley fintech implica altos costos para operar una startup en el país, conlleva mucho papeleo administrativo y no permite acceso a bases de datos para validar identidad de los usuarios.

“Revisar el tema de los costos, qué tan accesible está siendo poder entrar y constituir una institución de tecnología financiera, el tema del enfoque basado en riesgo, es algo que vale la pena ver porque al final, con tantos requisitos, lo que puede pasar y creemos que va a pasar es que la experiencia no sea la óptima”, dijo.

Muchas fintech no se verían beneficiadas y los usuarios preferirán pagos de manera tradicional, agregó.

Además, el acceso a bases de datos para validar información de usuarios es importante, subrayó León.

El director de Mercado Pago para México destacó que este es un momento coyuntural por el cambio de gobierno, por lo que es adecuado abordar los puntos de la ley que valen la pena ser revisados de nuevo.

“Apenas estamos viendo parte de la normatividad secundaria y otra parte que está por venir, y tenemos justo un cambio de gobierno”, dijo.

Paula Arregui, vicepresidenta senior de Producto para Mercado Pago de Mercado Libre, destacó que las Pymes se ven afectadas por la alta carga administrativa del proceso para darse de alta como fintech y entregar documentación.

Entre esos documentos destaca el acta constitutiva, la cédula de identificación fiscal, constancia de firma electrónica, comprobante de domicilio, poder notarial de los representantes de la firma, una declaración del representante que señala que es administrador único, razón social, giro, FIEL y correo electrónico.

Arregui subrayó que la ley debe garantizar que los no bancarizados sean parte de este ecosistema.

“Entre los riesgos están que el ecosistema fintech no florezca tanto en México y que los clientes potenciales de estas plataformas terminen siendo muy acotados, porque no encuentren el mejor costo-beneficio de operar en estas", señaló Arregui.

Afirmó que la ley trae claridad, donde el regulador pone su necesidad de protección al consumidor.

Sin embargo, “muchas veces el regulador no conoce toda la realidad digital y nosotros como responsables y referentes, tenemos que traer ese conocimiento, evangelizar a los reguladores y ayudar a hallar ese equilibrio entre las necesidades del regulador y de la industria”.

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