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La calificadora Moody’s dijo que las decisiones de arranque de gobierno están ahuyentando la inversión privada, lo que se suma a la presión por la situación financiera de Pemex, con lo que se espera un menor crecimiento para la economía mexicana en 2019.

“Típicamente se tiene un periodo de pausa en las inversiones cuando hay una nueva administración. Pero ese periodo es corto y acá lo vemos más prolongado. Sí vemos que muchos de los proyectos de inversión privada están reaccionando negativamente a las medidas que tomó el gobierno”, dijo el analista para México de Moody’s, Jaime Reusche.

En conferencia telefónica desde Nueva York, explicó que entre las decisiones que inquietan a los inversionistas destaca la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la revisión de contratos en el sector petrolero.

“Claramente el mensaje es de mixto a negativo y está ahuyentando un poco la inversión privada desde el punto de vista de los inversionistas domésticos y extranjeros”, dijo.

Recalcó la presión que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la calificación soberana, con lo que redujo de 2.2% a 1.7% su pronóstico de crecimiento de la economía.

Para 2020 se prevé una ligera aceleración a 2%, pero esperan que sea una mejora temporal.

El analista informó que ante las presiones financieras que enfrenta Pemex y las dudas sobre las políticas del gobierno de López Obrador hay posibilidades de mover la perspectiva de la calificación de México, pero descartó que el país pierda el grado de inversión.

Actualmente, Moody’s asigna la calificación A3 a México, con perspectiva estable. La mayor presión es para la calificación soberana de México; sin embargo, Reusche enfatizó que eso no significa que Pemex se encuentre fuera de peligro para una reducción en su nota crediticia.

Agregó que para este año no es necesario más apoyo para Pemex por parte del gobierno, pero si recibe más ayuda a corto plazo, presionará la deuda. Destacó que la situación de Pemex presiona a la calificación de México ya que despierta dudas sobre el manejo que hará el gobierno de los recursos para gasto social y para cumplir sus metas fiscales.

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