El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer cuáles son las cinco instituciones federales que no priorizan la licitación pública y, en su lugar, destinan millones de pesos a las adjudicaciones directas.
El instituto explica que las compras públicas se asignan, por regla general, a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, los cuales deben ser justificados, por adjudicación directa o invitación restringida.
Incluso, detalla que las instituciones federales al no contratar por licitación pública a un proveedor, incrementan la susceptibilidad a la corrupción y pone una barrera a la competencia en las compras públicas.
La finalidad, asegura, es garantizar la competencia entre posibles compradores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico.
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Ante esto, el IMCO, por medio del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), detectó cinco instituciones federales que, en 2020, usaron las adjudicaciones directas como regla de contratación: Birmex, Insabi, Marina, Función Pública y Diconsa.
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), empresa de propiedad estatal, asignó el 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.
Mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020.
En el caso de la Secretaría de Marina (Semar), no se destinaron recursos por licitación pública en 2020. La Semar adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).
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Además, difundió el IMCO, ocho de cada 10 pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública en procesos de compra fueron por adjudicación directa.
Diconsa adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.
Esta institución apunta que, al no existir un proceso de selección para proveedores, "abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley".
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